- El PSOE distingue entre "los sólidos fundamentos jurídicos" del Gobierno y este intento de "interferir" en la Justicia
- De ser aceptadas las recusaciones del Ejecutivo y los populares, el Tribunal quedará bloqueado por falta de quorum
MADRID, 25 Oct. (OTR/PRESS) -
La batalla de los dos grandes partidos por hacerse con las riendas del Tribunal Constitucional en las deliberaciones que debe mantener sobre el recurso del PP a la Ley Orgánica que regula este organismo (LOTC) podría acabar por anular por completo el Alto Tribunal. El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, confirmó hoy la intención de su partido de recusar a tres magistrados del organismo en el debate sobre la LOTC, en la que el Gobierno ya tiene recusados a otros dos magistrados. Sin embargo, para el PSOE, este movimiento de los populares es un intento de "interferir" en la Justicia y dista mucho de "los sólidos fundamentos jurídicos" presentados por el Ejecutivo para argumentar la recusación.
En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Zaplana no precisó el nombre de los tres magistrados que el PP pretende recusar, aunque sí que los fundamentos jurídicos para presentar la recusación serán "similares" a los que el Gobierno ha presentado para apartar de las deliberaciones de la LOTC a dos miembros del sector conservador del Constitucional, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata. La Abogacía del Estado basó su recusación en que estos dos magistrados prejuzgaron el objeto del litigio en una misiva a la presidenta del organismo en la que expresaban su disconformidad con la norma.
A juicio del portavoz del PP, que admitió que la iniciativa de la formación es una respuesta al movimiento del Ejecutivo, las recusaciones planteadas por el Gobierno son "insólitas" y "abren un camino que jamás se había recorrido". En todo caso, Zaplana consideró que "los motivos que se imputan a unos tienen que servir para todos", porque "si se han hecho las mismas valoraciones y se han tomado las mismas decisiones, se tiene que juzgar a todos por los mismos parámetros. "La recusación sólo busca que los argumentos sirvan para todos", aseguró el dirigente popular.
Sin embargo, Zaplana diferenció claramente entre las impugnaciones del Gobierno, que tienen una "intencionalidad política clarísima", y las que realizará el PP, que tienen como objetivo "poner en conocimiento de los que tienen que tomar la decisión que esas situaciones no afectan solamente a dos personas". "No puede ser que algunos argumentos sirvan para unos y no para otros", resumió el portavoz del PP, partido artífice del recurso contra la LOTC, que prevé la prórroga del mandato de la presidenta y el vicepresidente hasta que no existan sustitutos para el cargo.
EL TC, LA TERCERA CÁMARA
Del mismo modo que Zaplana, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, marcó distancias de las recusaciones presentadas por el Gobierno y las que ahora presentará el PP, pues las primeras tienen "sólidos fundamentos jurídicos", y las de los populares sólo buscan "interferir en su funcionamiento". En este sentido, el dirigente socialista consideró "muy llamativo" que el partido liderado de Mariano Rajoy se haya "llenado la boca" criticando al Ejecutivo y proclamando que la impugnación de dos magistrados es "una medida de carácter político".
Para el PSOE, la "estrategia" del PP a lo largo de esta legislatura persigue "interferir" no ya sólo al Constitucional, sino también en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras la decisión de los populares de suspender las negociaciones para la renovación del organismo de gobierno de los jueces. A juicio de Garrido, esta actitud del PP responde a que "no tiene mayoría en el Parlamento" y, por lo tanto, lo que pierde en el mismo "lo quiere ganar en el Constitucional, convirtiéndolo en una tercera Cámara y politizando una vez más la Justicia".
UN TRIBUNAL BLOQUEADO
Aunque Garrido se mostró "convencido" de que las recusaciones del PP no van a tener "ningún tipo de consistencia ni fundamento", lo cierto es que, de prosperar las impugnaciones que realizarán los populares y las que ya ha solicitado el Gobierno, el Tribunal Constitucional quedará completamente bloqueado.
El Pleno del TC se compone de 12 magistrados, incluyendo a la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, ambos apartados de las deliberaciones sobre la LOTC el pasado 16 de octubre al considerarse en el propio organismo que son partes implicadas en el objeto de litigio. Precisamente por este motivo, el viernes 19 el Gobierno recusaba a dos magistrados del sector conservador, con el fin último de equilibrar la balanza en el seno del Tribunal y poder sacar adelante la reforma de la LOTC.
De aceptarse estas dos impugnaciones del Gobierno, el Pleno del TC quedaría formado por ocho magistrados -cinco progresistas y tres conservadores. Sin embargo, en caso de que se acepten también las recusaciones que pretende presentar el PP, el organismo quedaría aún más mermado, con tan sólo cinco miembros, lo que supondría quedar bloqueado por falta de quorum, es decir, al estar formado el Pleno por menos de la mitad de los 12 magistrados que componen el Tribunal Constitucional.