Curri Valenzuela.- Incompetencia o conspiración

MADRID 10 Nov. (OTR/PRESS) -

La única forma de negar la evidencia creciente de que el 11-M estuvo protagonizado por una conspiración, aunque no se sepa cual, ajena a los llamados "moritos de Lavapiés" que parece que serán los que van a pagar el pato, sería provocar una catarsis en la Policía Nacional, y de paso en la Guardia Civil, para poner fin a la incompetencia de los cuerpos de Seguridad del Estado que tuvieron ante sus narices a un grupo de supuestos islamistas inculpados ahora, que eran confidentes suyos, y que después de los atentados rompieron todos los protocolos marcados para su actuación y se negaron, por poner el ejemplo más difícil de digerir, a investigar cual era el tipo de explosivos utilizado por los terroristas para hacer volar los trenes.

Esta es la conclusión a la que cualquier persona no dada a explicar la Historia como una serie de conspiraciones ha de llegar necesariamente tras leer el escrito de acusación de los fiscales de la Audiencia Nacional encargados del caso que se ha hecho público esta semana. Escrito, muy amplio, en el que se piden 230.000 años de cárcel en total para 29 personas, que plantea tres incógnitas que más valdría que la fiscalía despejara, que para eso está, en lugar de dejar en el aire.

En primer lugar, los fiscales afirman que es imposible establecer qué tipo de explosivos se utilizaron para hacer volar los trenes. Aunque plantea la tesis, sin aportar ninguna prueba, de que pudo ser la Goma-2 robada en Asturias, informa que no se hicieron informes policiales de ningún tipo para analizar las muestras. Y, esto no lo dice la fiscalía, de esa forma el 11-M sería el primer atentado terrorista de la historia de España que no ha sido seguido de un informe de los expertos policiales para estudiar los restos de los explosivos.

Por otra parte, los fiscales reconocen que las 30 tarjetas de móviles utilizados por los terroristas "fueron adquiridos por personas no suficientemente identificadas". Y, para colmo, tampoco se ha podido determinar quienes fueron las personas que compraron los teléfonos días antes de los atentados. Teniendo en cuenta que para elaborar sus conclusiones los acusadores por parte del Estado se han basado exclusivamente en los informes que les han enviado los cuerpos policiales, la primera conclusión es muy sencilla: hay que apartar de sus puestos a los responsables de la investigación de la matanza e iniciar con carácter inmediato una investigación para determinar el porqué de sus fallos. Si no se hace, algunos malpensados podrán creer que detrás del 11-M hay una conspiración que se está intentando tapar. Y a lo peor llevan razón.

Curri Valenzuela