MADRID 20 Dic. (OTR/PRESS) -
Una mayoría de ciudadanos, el 63 por ciento, desconoce que todos los inmigrantes que llegan a nuestro territorio tienen, por sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003, derecho a asistencia jurídica gratuita, en el caso de carecer de medio económicos, pero un 80 por ciento opina que ese derecho no es un acto de generosidad, sino "de justicia". Lo revela una encuesta de Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española.
No todo lo que se desprende de la encuesta es la realidad, sino "la percepción de esa realidad" que tienen los ciudadanos españoles. Todos los días hay problemas en las fronteras, sean las de Ceuta o Melilla, las de Irún o Figueras y hasta en los aeropuertos. Unos son más escandalosos, los de las pateras, y otros son más numerosos. Todos son importantes. Cada día, llegan, "por tierra, mar y aire" cientos de inmigrantes que piden asilo o que quieren entrar en nuestro territorio, con o sin contrato de trabajo. Hay que dar respuesta a una realidad que no va a cambiar y a la que, se haga lo que se haga, no se puede poner fronteras. En ocasiones, hay déficit importantes en la cultura que España aplica en el cumplimiento de los derechos humanos. Y los derechos humanos no son para unos y contra otros. Son universales e irrenunciables. Cuando hablamos de personas y de derechos humanos no cabe hacer excepciones. Todos, sin discusión, tienen los mismos derechos. Y los inmigrantes, lo decía ayer Carlos Carnicero, no son "ilegales", no se les puede criminalizar; son "irregulares" o, mejor, "sin papeles". Aunque sus actos puedan serlo, ninguna persona es "ilegal", un cartel que convierte en enemigo a quien sólo es una víctima.
Cuando llegan a España, con o sin papeles, una gran parte de ellos recibe educación, atención sanitaria y, cuando la solicitan, jurídica. Profesores que les ayudan a integrarse, médicos que les curan y abogados que les escuchan y tratan de encontrar solución a sus problemas. Seguramente por eso, los españoles opinan que tanto los ciudadanos como las Administraciones Públicas tratan bien o muy bien a los inmigrantes y, desde luego, mucho mejor que eran tratados hace cuarenta años los emigrantes españoles cuando iban a Alemania o a otros lugares del mundo. Una parte importante de la población cree que las autoridades españolas están actuando de forma permisiva frente a la inmigración irregular y dos de cada tres entrevistados opina que sólo los inmigrantes regulares deberían tener los mismos derechos y obligaciones que los españoles. Sin duda los que estén adecuadamente documentados deben tener más derechos, pero los inmigrantes, todos, tienen el derecho a ser tratados como personas. Eso es lo que diferencia a un Estado moderno y a una sociedad democrática de todos los demás. El bienestar o la miseria no pueden, no deberían depender de haber nacido mil kilómetros arriba o abajo.
Francisco Muro de Iscar.
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