Actualizado 19/12/2006 01:00

Isaías Lafuente.- La llamadita

MADRID 19 Dic. (OTR/PRESS) -

El escándalo urbanístico de Andratx, en el que están imputados el ex alcalde de la localidad y el ex director general de Ordenación del Territorio de Baleares, no deja de proporcionar sorpresas. La última la ha desvelado el diario EL PAIS. Según su información, el consejero de Interior del gobierno Balear y secretario general del Partido Popular en aquella comunidad, José María Rodríguez, avisó al ex alcalde por teléfono de que iba a ser detenido una hora y media antes de que se produjera la operación de la Guardia Civil, el pasado 27 de noviembre.

El chivatazo parece que consta en las grabaciones que, con autorización judicial, se efectuaron en el teléfono del ex alcalde Eugenio Hidalgo. En los días previos Hidalgo ya había sido advertido por el consejero Rodríguez de que "habría lío en Andratx", y entre ambos avisos ambos se reunieron con el presidente balear, Jaume Matas.

La sucesión de los acontecimientos del día 27 indican que el gobierno balear tuvo conocimiento de que se iban a producir las detenciones en torno a las ocho de la mañana y tan sólo diez minutos después el consejero de Interior llamó al alcalde de Andratx, lo que indica que en la práctica lo primero que hizo el responsable público de la seguridad en las islas fue avisar al presunto delincuente.

No me cuesta imaginar el escándalo político que, con razón, hubiera generado una misma situación con actores diferentes. Por eso el presidente Matas, que este fin de semana dijo que "el PSOE utilizará la misma táctica que utilizaron los terroristas del 11M para intentar cambiar el resultado de las elecciones en todas aquellas comunidades en las que está perdiendo la partida", ni más ni menos, debería preocuparse más de vigilar lo que sucede en su comunidad y en su gobierno que de sembrar gruesas insidias sobre los otros.

El procedimiento judicial sobre Andratx seguirá su curso. La justicia establecerá en su día si Eugenio Hidalgo cometió los delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y falsificación documental que se investigan. Pero los usos políticos exigen que alguien dé explicaciones ya sobre una llamada a todas luces inadmisible y, si ésta se demuestra cierta, se tomen las medidas oportunas sobre quien la realizó. El consejero José María Rodríguez ha reconocido que habló con Hidalgo antes de su detención pero que no le avisó de su arresto por que no lo sabía. Si la grabación existe, no será difícil dilucidar si dice la verdad.

Para que la corrupción no salpique a la clase política, los partidos y los responsables públicos deben marcar distancias frente a quienes presuntamente la practican. Avisarles de su inminente detención, haciendo uso indebido de una información privilegiada, no parece que sea la mejor vía.

Isaías Lafuente.

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