MADRID 21 Dic. (OTR/PRESS) -
Esta semana hemos sabido que Zapatero y Rajoy se verán el próximo viernes después de meses sin encontrarse, y después de meses de desencuentros políticos. También hemos conocido por informaciones periodísticas que delegaciones del Gobierno y de ETA han mantenido un contacto que parece ser exploratorio para preparar la primera reunión oficial entre ambas partes. El ministro Rubalcaba ha pedido discreción, ha dicho que de momento "no hay nada relevante en el proceso", pero no ha desmentido que la reunión se haya producido, lo que puede considerarse confirmación de que se ha llevado a cabo. Son dos reuniones trascendentales que llegan en un momento en el que todo parecía bloqueado. Y aunque Zapatero dijo que la agenda de la reunión del viernes con Rajoy estaba abierta a repasar los principales asuntos políticos, ahora será difícil que el encuentro no se centre en el desarrollo del proceso para acabar con ETA. Será el momento ideal para el presidente ofrezca al líder de la oposición toda la información posible sobre el proceso. Será el momento, también, para que Rajoy reconsidere su dura estrategia sobre este asunto.
En los últimos meses, el principal partido de la oposición, tras negarse a apoyar la resolución del Congreso que daba vía libre al Gobierno para iniciar el proceso siempre que se dieran condiciones de ausencia de violencia, se ha dedicado a sembrar todo tipo de dudas sobre la actitud del Gobierno. Lo ha acusado de arrodillarse ante ETA, de traicionar a los muertos y a las víctimas, de vender Navarra, de aceptar todas las exigencias por las que la banda terrorista ha matado durante cuarenta años* Incluso le ha negado la legitimidad para hablar con la banda terrorista, a pesar del apoyo parlamentario.
El propio bloqueo del proceso, que todas las partes han constatado, ha sido la prueba del nueve para demostrar que la organización terrorista no ha conseguido del Gobierno ni una sola de las exigencias presuntamente planteadas. Hasta el diputado popular, Jaime Ignacio del Burgo, no sabemos si por error, reconoció ayer en el Congreso este extremo. Es pues el momento de reconducir las cosas y la primera exigencia para hacerlo es volver a situar a cada actor en el lugar que le corresponde. Al Gobierno le toca dirigir la política antiterrorista y a la oposición apoyarle lealmente siempre que no se sobrepasen los límites de la legalidad. Eso es lo que dicen la Constitución y el Pacto Antiterrorista, tantas veces invocados. Eso es lo que la mayoría de los ciudadanos exigen a sus representantes públicos.
Hace unos días se extendió el rumor de que ETA podría anunciar antes de navidades la ruptura o la suspensión de la tregua. Hoy estamos hablando de otras cosas, sin duda relevantes. Aunque las sensaciones sobre la marcha del proceso son libres, la mía, hoy, sigue siendo de cauto optimismo.
Isaías Lafuente.