José Cavero.- Los ayuntamientos reclaman tres mil millones al ICO.

MADRID 23 Jul. (OTR/PRESS) -

Se vine hablando desde hace tiempo de la debilidad financiera que padecen muchos ayuntamientos, a los que la crisis inmobiliaria ha dejado sin su fuente de ingresos por excelencia. Otras fuentes también se han visto mermadas por la crisis, de manera que, como relata este jueves El Confidencial, los ayuntamientos llegan con dificultades a final de mes. Hasta tal punto la situación de tesorería de muchas administraciones locales es acuciante que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha solicitado al Gobierno, a finales de junio, que proporcione nueva financiación a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO) por un importe aproximado de 3.000 millones de euros. Según fuentes oficiales, ésta es la cantidad extraordinaria que necesitan las Entidades Locales para cubrir los gastos fijos comprometidos durante los primeros cuatro meses del año.

Según la referida crónica, en la comisión ejecutiva de FEMP celebrada el 29 de junio, la entidad, presidida por el alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, acordó pedir al Ejecutivo que se ejecutara con urgencia "una la línea de crédito directa dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos, cuyo vencimiento era anterior al 30 de abril de 2010, tal como establece la Ley contra la morosidad en las operaciones comerciales, que fija un plazo máximo de 30 días". Porque los presupuestos no dan para todo. Esta solución de urgencia instrumentada desde FEMP, está directamente relacionada con las medidas extraordinarias para reducir el déficit impulsadas por el Gobierno a comienzos de año.

De acuerdo con el Plan de Ajuste, las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas quedaron inhabilitadas hasta el 31 de diciembre de 2011 para acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones. Pero no es menos cierto que, según lo previsto, el pasado 7 de julio entró en vigor la Ley contra la Morosidad (Ley 15/2010) que establece la apertura de una línea de crédito directa y preferente para facilitar a las Entidades Locales el pago de sus deudas a autónomos y empresas. De acuerdo con la Disposición Adicional cuarta, el Gobierno tiene que instrumentar en un plazo de 30 días una línea de crédito en condiciones preferentes destinada a que las Entidades Locales puedan pagar las deudas contraídas con anterioridad al 30 de abril de 2010. Se recuerda que el recurso al ICO ya fue utilizado durante 2009 por los Ayuntamientos para salvar el año.

Según fuentes de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP, ese ejercicio se solicitó un importe aún mayor, de hasta 5.000 millones de euros, aunque finalmente el organismo público facilitó algo menos de 3.000 millones. En esa ocasión, casi un tercio fue a parar a las arcas municipales de Madrid, el consistorio más endeudado de España, ahora mismo con un pasivo de 7.300 millones, cifra que representa cerca del 20 por ciento de la deuda conjunta de todos los ayuntamientos. Como muestra el caso de Madrid, la deuda bancaria se había convertido en un recurso al que se estaban acogiendo los consistorios para soportar su elevado nivel de gasto.

Los datos que proporciona El Confidencial señalan que a finales de 2009, las entidades locales acumulaban 34.594 millones de deuda, un 9 por ciento más que en 2008, equivalentes al 3,3 por ciento del PIB. Esta deriva había hecho que el Gobierno hubiera incluido para los Presupuestos Generales de 2010 un mecanismo por el que se iba a ampliar el límite de endeudamiento (fijado ahora en el 120 por ciento), a partir del cual debe pedirse autorización para solicitar más préstamos. La agencia de noticias Bloomberg adelantaba este miércoles que el ICO tiene previsto colocar en los próximos días una emisión de bonos por importe de 1.500 millones a cinco años a un interés de 175 puntos básicos sobre el benchmark mid-swap rate. Este anuncio sucede a otro reciente comunicado el pasado 7 de julio, según el cual el organismo público emitiría otros 2.000 millones a tres años, en la línea de emisiones que también está realizando durante las últimas fechas el Tesoro. O sea, se habilitan fórmulas para que las arcas municipales no terminen de "secarse".