MADRID 25 Feb. (OTR/PRESS) -
Con el prólogo de las movilizaciones sindicales, se va a desarrollar el jueves la reunión preparatoria de las futuras negociaciones que promueve el Gobierno para la consecución de un pacto de Estado por la economía, o mejor dicho, en favor de una salida de la crisis. En realidad, hay notable expectación sobre el encuentro, por razones de muy distinta naturaleza: los partidos han esperado en vano, hasta estas vísperas, que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, les hiciera llegar un documento base sobre los puntos económicos a consensuar en la primera reunión de la Comisión. Los partidos parlamentarios esperaban el referido documento para estudiarlo a fondo y perfilar sus réplicas o contraofertas a la "troika" ministerial que componen la propia Elena Salgado, José Blanco y Miguel Sebastián, en quienes el presidente Zapatero ha delegado su representación.
No es improbable que los partidos expresen su protesta y malestar por la tardanza producida en la entrega de ese documento base, que ayer todavía se estaba terminando de elaborar, según señalaba el ministro Sebastián en la tarde del martes en el Senado. Se recuerda que en la cumbre de presidentes autonómicos sucedió algo parecido: un retraso en la presentación del borrador de documento de conclusiones impidió que los populares se adhirieran, aunque contenía una parte esencial de sus propias propuestas. No se descarta que algunas de aquellas propuestas fueran repescadas ahora para estas negociaciones. Tampoco ha resultado fácil conocer qué participantes tendrían cada uno de los grupos parlamentarios en estas reuniones. El presidente del PP, Mariano Rajoy, había dado seguridades de que el primer partido de la oposición estaría representado, pero sin revelar los nombres de los expertos. Se supone que Cristóbal Montoro será uno de ellos. La otra podría ser la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría.
La prueba fundamental de estas reuniones está, precisamente, en la actitud de participación que mantengan los populares, después de las reiteradas afirmaciones de desconfianza y falta de deseos de participar que han expresado los dirigentes del PP. Todavía ayer, el presidente del PP, Mariano Rajoy, volvía a mostrar su desconfianza y su exigencia de que el Gobierno rectifique la política económica para llegar a acuerdos. Y luego, está por ver si la deseada participación del PP "excluye" otras participaciones, como las de la izquierda o los nacionalistas de CiU y PNV. El diario El País adelantaba hoy que la posibilidad de cerrar acuerdos parciales ante la crisis ha comenzado a abrirse paso antes de dar comienzo a las consultas. Asegura que PSOE y CiU ya han hecho tímidos avances al desbloquear la iniciativa de los convergentes relativa a la futura ley de morosidad.
Los grupos parlamentarios han acordado que en un mes deberá estar aprobada esta ley, así como una directiva comunitaria sobre esta norma. Todos estuvieron de acuerdo en que la ley deberá regular la reducción legal del tiempo que la Administración tiene para pagar los servicios que le prestan. Se obligará a pagar en 30 días y no en los sesenta actuales. El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, entre tanto, ha continuado recabando impresiones sobre eventuales materias a debatir y aprobar en el seno de este grupo de trabajo. Alonso se entrevistó ayer con representantes de Coalición Canaria, del Bloque Nacionalista Gallego y de Unión, Progreso y Democracia. Hoy terminará esta ronda de consultas previas. Algunos de sus interlocutores han expresado a Alonso su desconfianza sobre el plazo en el que podrían alcanzarse acuerdos y otros han expresado su escepticismo por distintos motivos.