José Cavero.- A demoler... cien mil viviendas

MADRID 31 Oct. (OTR/PRESS) -

Concentrados como habitualmente estamos en los dos escenarios políticos favoritos -la Euskadi del proceso de paz, y la Cataluña que estrena Estatuto, renueva parlamento y gobierno- posiblemente nos puede pasar inadvertida la extraordinaria escandalera que producen los escándalos urbanísticos que, día a día, socavan la credibilidad de los ayuntamientos democráticos: Una parte notable de ellos parecen haber vendido sus derechos de recalificación a buen precio. O por lo menos, esa es la imagen que se proporciona al ciudadano corriente, posiblemente tentado de advertir que alcaldes y concejales, particularmente si son los dedicados al urbanismo, se ven general y generosamente tentados por promotores decididos a pagar cantidades contundentes a cambio de un suelo en el que florezcan torres de pisos, chalés y campos de golf. Lo que en otro tiempo fue casi una exclusiva de Marbella, y está ocupando al juez de la Operación Malaya, parece haberse trasladado a una multitud de ayuntamientos de costa o de montaña, por igual, que también han preferido situarse fuera de la ley... En los últimos meses hemos conocido casos como el de Seseña y el Pocero, el de Ciempozuelos y sus cuarenta millones, el de Torrelodones, Aldea del Fresno, Las Navas del Marqués, y por el estilo en localidades valencianas, alicantinas...

De hecho, el urbanismo ilegal y cómo enfrentarse a él parece haberse convertido en una de las preocupaciones más vivas del gobierno socialista, hasta el punto de haberse "inventado" todo un "fiscal coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente", con el encargo de perseguir y castigar a esta clase de delincuentes. Pues bien, este fiscal, Antonio Vercher, con esa misión de coordinar a los fiscales de toda España en la lucha contra los delitos contra la ordenación del territorio, tiene a su cargo y a sus órdenes a guardias civiles, policías, agentes ambientales, biólogos y urbanistas, y acaba de declarar su decisión de recurrir a la demolición de las viviendas ilegales. ¿Que hay en España más de cien mil viviendas ilegales? La única solución parece ser el recurso a la demolición. Pero de manera rápida y metódica. Porque, como explica el fiscal, de manera textual, "desde que se detecta una infracción urbanística hasta que llega la sentencia que ordena esa demolición, se ha construido, se ha vendido, ha desaparecido el promotor, y cuando se ordena la demolición, hay propietarios que han comprado de buena fe y no queda más remedio que consolidar la situación"... Pero insiste en que parece ser el único procedimiento útil para terminar de una vez con los abusos e irregularidades de las que toda España está plagada. Hasta el punto de que aconseja y recomienda a los eventuales compradores de vivienda que comprueben en el registro que todo está en orden antes de comprometerse a su compra...

José Cavero.