José Cavero.- Financiación, pacto de la justicia

MADRID 25 Abr. (OTR/PRESS) -

Más allá de la pelea interior que se produce en la cúpula del PP, sobre si habrá primarias o no para designar al candidato a la presidencia..., la política sigue teniendo sus asuntos que resolver, y a ellos parece que empiezan a dedicar sus esfuerzos los principales partidos, y no sólo éstos. De momento, dos grandísimos asuntos se han lanzado ya sobre la mesa de las negociaciones, aunque todavía se trate de primeras aproximaciones y tientos.

De un lado, el acuerdo que tratan de conseguir los dos portavoces de PSOE y PP en el Congreso, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, acerca de la reforma de la Justicia, o las varias reformas que reclama la administración de la Justicia. De otro lado, el anuncio de que en las próximas semanas deberá iniciarse la negociación sobre la futura financiación autonómica ha despertado, asimismo, las estrategias y prioridades de cada una...

En materia de Justicia, las primeras informaciones echan bastante agua fría a la presunción de que ese deseable pacto sería rápido y sería fácil. Ni mucho menos. El PP quiere "vender cara" la renovación y reforma pendientes del Consejo general del poder Judicial y del Tribunal Constitucional, donde con el mantenimiento de magistrados que ya hace muchos meses que debieron ser sustituidos, se impide cualquier otro planteamiento.

El PP quiere que al mismo tiempo o en el mismo paquete de esas dos revisiones, se produzca una revisión más amplia, que afectara tanto a la modernización global de los órganos judiciales como al incremento presupuestario para el funcionamiento de los juzgados. En el PSOE se alega que las aspiraciones del PP significarían que los socialistas renuncian a su programa electoral, en el que el PSOE plantea que se encargue al fiscal la dirección de las investigaciones judiciales, y que se proceda a desconcentrar el gobierno del Poder Judicial mediante la creación de Consejos de justicia autonómicos.

De parecida manera, otra cuestión de primera importancia, la financiación de las Comunidades Autonómicas, comprometida para su negociación inmediata, parece chocar con unos planteamientos radicalmente distintos. Frente a la propuesta catalana de reparto de dinero a la que se suman valencianos y baleares, el modelo desata la oposición de las autonomías más desfavorecidas. Las primeras Comunidades, las ricas, sostienen que aportan demasiado a las regiones pobres, y éstas argumentan la exigencia de la solidaridad del Estado. Cataluña pretende que se acote la solidaridad a sanidad, educación y asuntos sociales... Valencia y Cataluña se ven ante un interés estratégico, que consiste en acotar el poder de veto de los andaluces de Chávez en ese tablero autonómico. "Los ricos" argumentan que su mayor prosperidad, por ejemplo mediante la ayuda de mejores infraestructuras, significaría una apreciable mejoría en la prosperidad de toda la Nación.

José Cavero.