José Cavero.- El Gobierno decidirá este martes si prolonga el estado de alarma.

MADRID 14 Dic. (OTR/PRESS) -

Los promotores del sabotaje aéreo de la semana pasada no han alcanzado aún a ver la gravedad e implicaciones de su plante, cuando se intentó la paralización de todo el servicio de control aéreo español, señalaba esta mañana en la Cadena Ser el ministro de Fomento, José Blanco, quien se refirió a la posibilidad de proponer la prórroga del actual estado de alarma y militarización del sector. "Mañana evaluaremos la situación, y el presidente del Gobierno podría proponerlo, en su caso, al Consejo de Ministros y luego, podría someter al Parlamento de la Nación la prórroga de esa situación. El Gobierno tiene la obligación de garantizar la normalidad. Nuestra decisión contra la huelga ha sido contundente. El Gobierno garantiza el cumplimiento de servicios mínimos esenciales".

Según el ministro Blanco, se ha empezado una reforma muy sustancial en la navegación aérea española, y "ahora tenemos que concluirla. Es una reforma imprescindible, y sabíamos que ese camino no estaría libre de dificultades, pero es una reforma sin retorno". Sobre el recorte del sueldo de los trabajadores aéreos, ha dicho Blanco que ha supuesto recortar el coste en 300 millones y tendrá una consecuencia de reducir las tasas de navegación en un 15 por 100, haciéndolo más competitivo y eficiente. Ese es un objetivo imperativo de la UE. Desde 2012 vamos a implantar el cielo único europeo, con control único europeo por Eurocontrol, y vamos ajustando nuestras normas a las comunitarias. Las reformas eran imprescindibles. La mayoría de los controladores quiere trabajar y cumplir las normas, pero a menudo se ven conducidos por grupos que pretenden otra cosa. Con la aplicación de la nueva ley trabajan menos que en años anteriores. Con las 1.760 horas, y con menos trabajo, alguno llegó a cobrar 900.000 euros brutos, un millón de euros, en horas extraordinarias, y eso no es tolerable. Después de la reforma, cobrarán un salario mínimo de 200.000 euros, el triple que un cirujano de un hospital o un catedrático de Universidad. No pueden seguir hablando de que están explotados... Son importantes en su trabajo, como los británicos o franceses, que cobran tres veces menos. Lo que tratamos es de equiparar sus salarios con lo que determina la ley. No hay razón para que saboteen a los ciudadanos y al Estado con un abandono masivo de sus obligaciones".

Explicó también el ministro que en la actualidad estamos en el proceso de verificación de empresas que quieren prestar el servicio de control y de enseñanza de estos conocimientos. Ya hay una Universidad que inició el proceso de homologación en la formación de los controladores. Es un proceso de tres a seis meses. Hasta ahora la formación era un monopolio, y todo dependía de los propios controladores, cuyo poder era ilimitado, y es un poder que se está desgajando. El proceso de formación iniciado permite que en nuestro país haya muchos más controladores, y las empresas que gestionarán las torres tendrán posibilidad de acceder a esos trabajos. Garantizamos trabajo a quienes se están formando. Estamos simplificando trámites para la concesión de licencias. Hay tres mil pilotos en paro, y querríamos que muchos de ellos realicen la tarea de control aéreo. Más de mil de los tres mil aspirantes son pilotos. Simplificaremos los trámites administrativos. No eran necesarios más trabajadores, y las horas extra estaban establecidas por la organización de los propios controladores. Cobraban como horas extra por un convenio que cede muchas competencias a los controladores y establecen una jornada de 1200 horas, la más baja de Europa. Ese convenio obligó a otro para pagar 600 horas de media extras al triple de las horas ordinarias. Un acuerdo que se firmó por debajo de la mesa. El ratio de operaciones por controladores es de los más bajos de Europa. Somos el segundo en número de operadores, y el cuarto de operaciones. No son necesarios más para prestar el mismos servicio. El presidente del Gobierno dijo hace unos días que la responsabilidad era de todos, y no se trata de señalar la responsabilidad general, pero no podíamos seguir sosteniendo un sistema de navegación aéreo insostenible. Un sector importante con los costes más altos y la rentabilidad más baja...

¿Habrá despidos y cárcel? Se han abierto cuatro tipos de procesos distintos: Uno penal, si se sustancia, con 3-8 años de prisión, otro proceso de civil, con búsqueda de responsabilidades y pago de daños, y dos vías desde Aena, de responsabilidad administrativa y laboral. La primera con retirada de licencias, por haber vulnerado la ley de seguridad aérea. Y un proceso laboral, al examinar las conductas, por falta muy grave, con penas de pérdida de empleo definitivo o temporal. Se estudiarán todas las responsabilidades, con expulsiones, pérdida de licencia, y responsabilidades civil y penal, explicó Blanco.