MADRID 31 Ene. (OTR/PRESS) -
Este miércoles, 31 de enero, es la fecha designada por los jueces vascos para que el jefe del gobierno de Euskadi, Juan José Ibarretxe, preste declaración por su presunto delito de haber mantenido una reunión con el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi. Cabe recordar, y así lo hará probablemente el juez al lehendakari, que Otegi lidera una organización terrorista y declarada ilegal. Naturalmente, el juez argumentará que se cine a la aplicación d e la ley y el lehendakari podría argumentar algo parecido: que a él, como líder político de Euskadi, le corresponde mantener encuentros con los dirigentes de todas las fuerzas políticas presentes, particularmente si pudieran ser recuperadas para la legalidad, que es la gran esperanza existente en Euskadi, y que se ha potenciado a raíz del reciente atentado de la Terminal d e Barajas, cuando algunos batasunos no ocultaron su discrepancia con los procedimientos violentos, e incluso criminales, de los etarras. En vísperas de la declaración del lehendakari, la dirigente de Eusko Alkartasuna Begoña Lagasabaster insistía en esta posibilidad de que los batasunos pudieran iniciar una nueva etapa al margen de la banda armada, al proclamar que un amplio sector de Batasuna asume que la violencia es inadmisible.
Lo cierto es que el nacionalismo vasco se echó a la calle, en la tarde del lunes, para impedir lo que expresaba el portavoz del PV; Urkullu: No se puede admitir que el lehendakari sea llamado a declarar como si fuera un delincuente común. Es decir, se trata, por parte del lehendakari vasco, y de sus antecesores en el cargo, y con el apoyo explícito de los miles de vascos que quisieron solidarizarse con su actitud, de defender, por igual, el fuero y la dignidad del cargo y de respetar las funciones que nadie parece discutir a un jefe de gobierno: que pueda reunirse con los dirigentes de las fuerzas políticas de su propio territorio.
La citación de Ibarretxe ante el juez, por lo demás, va a tener lugar cuando ya existe un precedente en el que el mismísimo Supremo se ha manifestado, dando por bueno el encuentro del dirigente socialista vasco Patxi López con el mismo Arnaldo Otegi. No se termina de entender cómo se ha mantenido la citación del juez al lehendakari después de haber existido ese decisión previa del Supremo, salvo por deseos de incomodar e incordiar. Sucede, sin embargo, que demasiado a menudo los jueces parecen tener la pretensión de influir, cuando no entorpecer, determinadas decisiones estrictamente políticas, pero a las que su propia ideología personal parece resistirse. Claro que, muy a menudo, las actitudes de determinados jueces parecen impulsadas por la institución de los políticos. A modo de ejemplo, el secretario general del PP, Ángel Acebes, acaba de opinar y sostiene que Zapatero es cómplice del PNV en su campaña contra los jueces. Acebes habla con plena impunidad y ningún se atrevería a entrar en el fondo de una afirmación de esta muy dudosa realidad, que no parece demostrada...
José Cavero.