Julia Navarro.- Escaño Cero.- La crisis del TC

MADRID 15 Dic. (OTR/PRESS) -

Aumentan las criticas a la reciente decisión del Tribunal Constitucional de dar vía libre al nuevo Estatuto del País Valenciano. Y es que el Alto Tribunal tiene un problema de credibilidad tal que, haga lo que haga, es tal la falta de respeto que desgraciadamente se le tiene, que no logra que nadie acepte sus resoluciones tranquilamente. Las instituciones tienen que funcionar más allá de los avatares políticos, pero hay que reconocer que con su actual composición el Tribunal Constitucional no logra que los ciudadanos crean lo que debería de ser indiscutible: su imparcialidad. Así, en la votación que se produjo para dar luz verde al estatuto valenciano, los jueces conservadores dijeron "no" y los que se alinean con el gobierno dijeron "sí", y en el trasfondo de esta votación, que ha supuesto un alivio para Zapatero y los suyos, está el que no se cierre la puerta al estatuto catalán.

Las resoluciones judiciales hay que acatarlas, eso está fuera de toda duda, pero acatarlas no significa no criticarlas, de manera que los miembros del Tribunal que han votado "sí" a favor de este estatuto, deben de comprender la preocupación de muchos ciudadanos por ver cómo el Tribunal consagra indirectamente los "reinos de Taifa". Por lo visto, los españoles ya no somos todos iguales ante la ley, sino que cada comunidad tiene derechos específicos, por más que esa interpretación se dé de bruces contra el artículo 139 de la Constitución, que dice precisamente que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones. El Tribunal salva el escollo diciendo que esos derechos específicos de los ciudadanos de cada comunidad pueden servir para inspirar determinadas políticas. No sé, pero en vista de que estamos en pleno proceso electoral y que el Tribunal no cuenta precisamente con demasiada confianza entre los ciudadanos, quizá sería mejor que los grandes asuntos pendientes se los dejaran a un nuevo Tribunal.

Lo que no es beneficioso ni para la institución, ni para la causa de la Justicia, ni para nadie, es que cada vez que el Constitucional adopta una decisión inmediatamente se mire qué magistrado a votado una cosa y quién otra, y así, decisión tras decisión, lo único evidente es que unos parezcan una prolongación del PSOE y otros del PP y que, por tanto, defienden intereses partidistas y no los de velar por la constitucionalidad de las leyes. Es evidente que la renovación del Tribunal Constitucional es una necesidad urgente por el bien del propio Tribunal.

Julia Navarro.