MADRID 10 Ene. (OTR/PRESS) -
Que muchos etarras detenidos en el pasado mintieron al denunciar torturas que no se les habían infligido o que la detención de delincuentes comporta en ocasiones lucha y forcejeo por la resistencia violenta de éstos no significa, ni mucho menos, que nunca un etarra haya sido maltratado por agentes de la autoridad ni que la violencia empleada en un arresto no haya sido, a veces, brutal y desproporcionada.
De cada caso del que se derivan lesiones en un detenido se sigue, cual dicta la ley y exige el sentido de la humanidad y del decoro cívico, una investigación para determinar el orígen y la naturaleza de esas lesiones y discernir si el trato policial ha sido el correcto, pues de no ser así, si se admitiera la idea de la agresión policial a un sospechoso o a un detenido en consideración a los execrables crímenes de que se le acusa, el resultado sería la igualación moral y formal del Estado de Derecho con las bandas de forajidos, que, como se sabe, emplean la violencia con saña y sin consideración de ningún tipo.
Pues el Estado posee el monopolio legal de la violencia, ha de extremarse siempre el control y el cuidado para que nunca traspase los términos en que, siempre para el bien común, esa violencia es empleada. La fuerza de ese Estado, y desde luego de la democracia, reside precisamente en ese uso medido, racional, evitador de daños mayores, que, en el caso del etarra Igor Portu Juanema, malherido durante su detención, una investigación ha de acreditar como adecuado, o, en su defecto, como invicil y atentatorio contra el derecho.
Tan importante es que se establezcala verdad de lo sucedido, que la disipación de cualquier duda sobre la actuación policial completaría con enorme éxito el servicio, en tanto que el hallazgo de extralimitación lo empañaría y lo convertiría en estéril para la lucha contra la violencia y el terror.
La línea que separa a los que maltratan al prójimo y a los que no, debe ser siempre visible y, por supuesto, infranqueable.
Rafael Torres