Rafael Torres.- La escuela Malaya

MADRID 5 Oct. (OTR/PRESS) -

Al extinto Jesús Gil y Gil no puede regateársele el mérito, espantoso mérito, de haber instituido en España la más moderna fórmula de corrupción política, vigente en la actualidad. Antes de su desembarco en el Ayuntamiento de Marbella, los ladrones y los mafiosos tenían que "contratar" los servicios de los políticos que tenían de su mano las llaves de la caja o la facultad de torcer la ley en su beneficio, pero éste sistema presentaba dos inconvenientes para los bandidos: no todos los políticos se dejaban contratar, y a los que sí se dejaban había que darles, como es natural, su mordida. ¿Por qué, entonces, no acceder directamente a las instituciones, prescindiendo de intermediarios?, se preguntaron los rufianes, y así el señor Gil, auxiliado por la extrema debilidad de la democracia española y por la inoperancia de sus mecanismos de control, se presentó en la bella localidad malagueña acompañado de una turba de sinvergüenzas extraídos de la sentinas de la sociedad. Como creó rápidamente escuela, su fallecimiento no alteró la deriva que los electores habían consagrado suicidamente, indignamente, con su voto, y otros llegaron para sucederle y repartirse los restos del botín.

Muchos de esos otros acaban de escuchar sus sentencias tras el proceso de lo que se ha dado en conocer como Caso Malaya, y al margen de la valoración de las penas impuestas, que hoy habría de ser inevitablemente precipitada, cabe señalar con desconsuelo que los efectos del mal que esa gente hizo no se disipan con ellas. Al saqueo brutal, minucioso y continuado de los bienes públicos, de toda clase de bienes, con su ingeniería de sobornos, cohechos, blanqueos, comisiones, leyes a la carta, sobresueldos y cajas B que tanto ha cuajado posteriormente en las esferas de la corrupción política, hay que añadir la irreversibilidad del inmenso daño: con 150.000 habitantes empadronados, y otros tantos sin empadronar, Marbella dispone de sólo dos ambulatorios decrépitos, un transporte público tercermundista y un gasto en personal del Consistorio que se come más de la mitad del presupuesto.

¿Devolverán los sentenciados, con los intereses preceptivos, cuanto robaron a la gente? ¿Sería por ventura monstruoso condicionar el término de las condenas a la devolución del último céntimo?