MADRID 20 Dic. (OTR/PRESS) -
El Gobierno no sólo debió retirar hace tiempo la licencia a Air Madrid, sino también suspender, hace tiempo igualmente, las actividades comerciales de cuantas empresas defraudan, maltratan y timan a sus clientes, que en España son legión. Lamentablemente, ni éste ni ningún Gobierno tendrá nunca el arrojo, y acaso tampoco la capacidad, para meter en cintura, esto es, en los cauces de la decencia y de la ley, a cuantos se enriquecen lesionando los derechos y los intereses de las personas, pues el día que un gobierno se dedique de verdad a eso, tendría que empezar por clausurar una buena porción de organismos estatales y gubernamentales, todos cuantos no rinden al ciudadano los servicios que de ellos se espera. Incluso ha habido gobiernos que de haber perseguido la golfería, la estafa y el chalaneo, se tendrían que haber disuelto inmediatamente ante la imposibilidad de detenerse a sí mismos.
No ha estado muy brillamte el Ejecutivo, bien es verdad, en su relación con esa compañía aérea que pretendía ganar como la que más ofreciendo servicios como la que menos, y tampoco estuvo muy afortunada Esperanza Aguirre al publicitar a esa empresa poco menos que como el emblema del esplendor de Madrid.
Nadie, como en Marbella, acertó a cortar a tiempo el desafuero, pero en el caso que nos ocupa hay un elemento más grave que la ineptitud de los poderes públicos: la naturaleza de las víctimas del maltrato.
Inmigrantes. Gente que ha tenido que ir ahorrando de sus míseros salarios, euro a euro, el importe de ese viaje a su tierra, con sus familiares, que no ha podido emprender. Y algo que afea más, si cabe, el triste asunto: la intervención "humanitaria" del Estado en el acarreo tardío de los naúfragos, como si éstos no estuvieran en total posesión de la razón y del derecho, esto es, del billete, pagado de su bolsillo, para volar.
Rafael Torres