MADRID 21 Dic. (OTR/PRESS) -
Señoras y señores, vayan atándose los machos, porque vienen malos tiempos para la gente honrada. El Gobierno ha sacado adelante una ley que extrae una cantidad de los bolsillos de todo aquél que compre cualquier clase de artefacto susceptible de grabar o reproducir cualquier clase de contenidos sobre los que pueda invocarse el derecho de propiedad intelectual. Este robo legal ocurre porque es imposible controlar todo lo que hace el dueño de uno de estos aparatos grabadores o reproductores, y entonces se tira por la calle de en medio: ¿Tiene usted un grabador? ¿Tiene usted un reproductor? Pues a pagar. ¿Y si yo no grabo ni reproduzco nada por lo que no haya pagado derechos de autor? Pues se siente mucho, pero a pagar. Eso es, justo al pie de la letra, hacer que paguen justos por pecadores, que es, como se sabe, el dicho que refleja el colmo de la injusticia.
¿Y qué pinta el Estado, nada menos que el Estado, metiéndose a defender los intereses de un grupo de ciudadanos atropellando los derechos de otros? La respuesta tendría que ser que no pinta nada, pero la verdadera respuesta es que el Estado, y su administrador que es el Gobierno, han cedido a las amenazas de un grupo que se prevale de la popularidad de algunos de sus componentes para exigir que los poderes públicos actúen como recaudadores de su negocio particular. Tal cual.
Es difícil encontrar una ley más contraria a los intereses de la mayoría aplastante de la gente. Pero así estamos: la aparición de tecnologías que permiten grabar y reproducir prácticamente cualquier clase de cosa debería hacer reflexionar a los juristas sobre la naturaleza de eso que se llama impropiamente propiedad intelectual; pero en vez de eso, esos progres (porque los beneficiarios de esta recaudación forzosa son todos muy progres) han decidido ir contra las nuevas tecnologías: vivían mucho mejor en la edad de piedra, y a ella nos quieren hacer volver. Y como no vamos a volver, se han inventado la solución: a pagar a la fuerza.
Ramón Pi.