Victoria Lafora.- El pazo de Meirás y la Constitución

MADRID 7 Oct. (OTR/PRESS) -

La larga batalla que enfrenta a la hija del dictador, Francisco Franco, con la Xunta de Galicia, a cuenta de la declaración de bien de Interés Cultural del Pazo de Meirás, ha topado con la Constitución.

El abogado de los Franco apela a la Carta Magna de la democracia para impedir la visita al pazo de los inspectores de la Consellería de Cultura. Efectivamente los derechos constitucionales amparan a todos los españoles pero no deja de ser paradójico que Carmen Franco se ampare ahora en un texto contra el que vociferaron, ella, su familia y los nostálgicos seguidores de su padre, en cada concentración en el Valle de los Caídos.

Como los extremos se tocan, su pretensión recuerda a los llamamientos al respeto al orden constitucional que hacen los miembros de Batasuna cada vez que son detenidos. (Por cierto que su cúpula duerme ahora en los calabozos por la aplicación, precisamente, del estado de derecho).

En el caso de la familia Franco están defendiendo con uñas y dientes la propiedad de un pazo que fue 'regalado' al dictador en plena guerra civil por un grupo de entusiastas, mediante una suscripción popular no del todo voluntaria dado el destinatario y la época.

En concreto, enarbolan la denostada Constitución para que proteja su derecho a la privacidad del domicilio y la preservación de su intimidad, además de argumentar que el estado de conservación del pazo es excelente por lo que no hace falta que lo inspeccione nadie.

Una defensa tan numantina a permitir la entrada de los expertos de Patrimonio, incluso cuestionan que vaya un arqueólogo, lleva a sospechar sobre los bienes que se guardan dentro de las estancias de la propiedad, teniendo en cuenta la cantidad de 'regalos' que recibió el dictador en su dilatado mandato.

No hay que olvidar que Carmen Franco fue retenida en el aeropuerto de Barajas, hace ya muchos años, cuando intentaba sacar del país una colección de monedas y condecoraciones que, según explico a la policía, le habían 'donado' a su padre los adictos al régimen.

Acusan, además, a la Xunta de tener la oculta pretensión de recuperar el pazo cuando lo único que pretenden los dirigentes autonómicos, elegidos por las urnas, es la declaración de Bien Cultural que obligaría a los Franco a abrir el pazo cuatro días al mes al público.

No cuenta su abogado en las alegaciones que también el Pazo de Cadaval, el Monasterio de Santa Catalina de Montefaro, el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua o incluso la Villa de Ribadeo fueron declarados así y ninguno ha sido expropiado. Lo que sí sabemos de estas propiedades son las obras de arte que contienen en su interior. Y ahí puede estar la clave de tanta negativa de los Franco.

Victoria Lafora