Publicado 28/05/2020 8:02:08 +02:00CET

Antonio Casado.- El caso 'Marlaska'

MADRID, 28 May. (OTR/PRESS) -

Tanto pecado veo en la baja calidad del controvertido informe de la Guardia Civil sobre la desidia del Gobierno, presuntamente delictiva, al autorizar manifestaciones previas a la declaración oficial del estado de alarma, que en las presuntas tentaciones del ministro Marlaska de condicionar la instrucción del caso asignado a la juez Rodríguez Medel.

Demasiadas inexactitudes, demasiados errores de bulto. Fechas equivocadas, palabras atribuidas al doctor Simón nunca dichas, afirmaciones basadas en noticias de medios de declarada aversión al Gobierno y ocultación de detalles relevantes, como mencionar la diferencia de criterio al desautorizar un congreso evangélico (6 de marzo) y autorizar el acto feminista (8 de marzo), sin aludir a que el congreso convocaba a 8.000 personas venidas de 120 países, algunos ya "contaminados".

Los supuestos delictivos que se manejan en relación con las responsabilidades de Fernando Simón, como director del centro de alertas sanitarias, y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, son los de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional. Y el supuesto reprobable en la conducta política del ministro es de injerencia en un informe de exclusiva dependencia de la citada juez.

La lógica de los acontecimientos diluye la supuesta mala práctica de Grande Marlaska. A saber: ¿Qué necesidad tenía de presionar a nadie para acceder al contenido de un informe que llegó con tanta facilidad a las redacciones de los medios de comunicación como a los despachos del ministro o de la propia juez?

El ministro no tuvo necesidad de reclamar información sobre la investigación que estaba efectuando una unidad de la Guardia Civil. De eso se le acusa, aunque no le hacía falta pedirla porque supo con antelación de la falta de neutralidad y las falsedades que se contenían (se contienen) en el informe. El hecho de que sus superiores lo comentaran con Pérez de los Cobos fue lo que hizo saltar la chispa que incendió el Ministerio del Interior, los medios de comunicación, el mundo político y los ambientes profesionales de la judicatura.

El PP, Vox y Cs han pedido la dimisión del ministro y, en su defecto, su inmediata comparecencia parlamentaria para explicar los motivos de la destitución del coronel. Y las asociaciones de jueces critican el supuesto olvido de la separación de poderes por parte del ministro Marlaska.

Nadie le cree cuando desvincula los ceses de altos cargos de la Guardia Civil de su fallido intento de acceder a la investigación. Pero tampoco la lógica de los acontecimientos condena al exjuez, cada vez más político y menos juez.