MADRID 17 Nov. (OTR/PRESS) -
Mala pinta tiene lo de la operación "Guateque" para el alcalde de Madrid. Si en su Ayuntamiento se controlan los baches como se controla a los sinvergüenzas, apañados vamos los madrileños. Se acumulan las pruebas de que todos lo sabían menos Ruiz Gallardón y los dos concejales más próximos al foco del escándalo, Ana Botella y Pilar Martínez ¿O sí lo sabían pero miraron hacia otro lado? Pregunta explosiva con efectos multiplicadores. Por las vísperas electorales. Los hechos conocidos llevan a una primera e indiscutible conclusión: no ha funcionado la tarea inspectora del Ayuntamiento, una competencia básica de la gestión municipal. Por desconocimiento, por desidia o por connivencia. Como la titularidad de esas funciones -las de inspección, y todas las demás-, reside en la figura del alcalde, máximo responsable del gobierno de la capital de España, hemos de endosar al primer edil una de esas tres conductas: desconocimiento, desidia o connivencia. Hay una cuarta hipótesis: pasividad interesada, por la necesidad de preservar la causa electoral de un partido, el PP, o la suya personal. La señalo, simplemente.
Se dirá que Gallardón y su equipo colaboraron desde el primer momento con la Justicia para esclarecer los hechos y fijar responsabilidades. Eso es cierto. Pero las fechas no permiten otorgar el beneficio de la duda, pues se están acumulando demasiados testimonios que acreditan casos concretos y reiterados de extorsión en fechas muy anteriores al comienzo de la investigación judicial. Lo mínimo que cuadra en este punto es que los denunciantes de estas malas prácticas hicieron el trabajo que tenían que haber hecho, y no hicieron, los inspectores del Ayuntamiento. El desconocimiento es poco creíble, pero es que la desidia y la connivencia desembocan en la pasividad culpable.
Esa lógica se le viene encima al alcalde si damos por buena las información publicada en la Prensa, según la cual la Alcaldía se dio por enterada en noviembre de 2005 -en esa fecha acusó recibo de las denuncias- de que se estaba practicando la extorsión a nivel funcionarial. Por lo menos supo documentalmente que algunos empresarios lo habían denunciado en la propia Alcaldía. Con todos estos datos sobre la mesa, la oposición municipal -que, dicho sea de paso, también ha demostrado una lamentable ineficacia en el ejercicio de su función-, ha solicitado la puesta en marcha de una comisión investigadora para depurar responsabilidades políticas en las que pueden haber incurrido Gallardón y su equipo. Cuando menos, por descuidar la vigilancia y haber sido incapaz de detectar comportamientos corruptos que se estaban produciendo delante de sus narices.
Antonio Casado.