MADRID 15 Nov. (OTR/PRESS) -
El compromiso de Núñez Feijóo de someter las cuentas públicas a una auditoría exhaustiva si llega al Gobierno después de las elecciones del 29 de noviembre abre un debate imprescindible sobre la situación real de las finanzas del Estado. Ministerio por ministerio, organismo por organismo y partida por partida. Porque antes de prometer nuevas rebajas fiscales hay que saber cuánto se gasta, cómo se gasta y, sobre todo, qué compromisos de gasto se han adquirido para los próximos años. La propuesta tiene toda la lógica. De ahí que Feijóo haya vinculado su compromiso de reducir la presión fiscal, empezando por la deflactación del IRPF, a los resultados de esa auditoría. Una primera medida que permitiría corregir el efecto de la inflación sobre los salarios y evitar que los contribuyentes paguen más impuestos simplemente porque sus ingresos nominales han aumentado.
Pero el problema va mucho más allá de la fiscalidad. España tiene por delante un importante ajuste presupuestario. El déficit continúa por encima de los compromisos adquiridos con Bruselas y las estimaciones de la AIReF apuntan a la necesidad de adoptar medidas de consolidación fiscal de enorme magnitud, que podrían alcanzar los 20.000 millones de euros. Y solo hay dos opciones: o se reduce el gasto o se incrementan los impuestos. Y después de cinco años de recaudaciones tributarias récord, con unos ciudadanos que soportan una presión fiscal cada vez mayor, volver a cargar el ajuste sobre los contribuyentes parece una opción difícil de justificar.
La auditoría debería servir también para revisar prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital y las ayudas por desempleo, de manera que cumplan su función de protección social sin convertirse en un obstáculo, una excusa, para la incorporación al mercado laboral. Otra partida que merece una revisión rigurosa es la cooperación internacional. España destina miles de millones de euros a esta política y resulta razonable exigir transparencia sobre el destino de los fondos, su trazabilidad y los resultados obtenidos. Cada euro que administra el Estado procede del esfuerzo de los ciudadanos y debe responder a una finalidad justificada. La transparencia, la evaluación y la disciplina presupuestaria deberían ser el punto de partida de cualquier nuevo Gobierno.
