Cayetano González.- Atmósfera muy cargada.

MADRID 23 Abr. (OTR/PRESS) -

No me refiero a la que ha provocado la nube volcánica procedente de Islandia, sino a otra más cercana a todos nosotros: la atmósfera del descrédito institucional que en las últimas semanas envuelve a dos instituciones básicas del sistema democrático: el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, merced, en el primer caso, a las tres causas abiertas contra el juez "estrella" Baltasar Garzón y en el segundo, por la incapacidad demostrada por los señores magistrados para dictar sentencia sobre el Estatuto de Cataluña después de tres años largos de deliberaciones.

En la defensa de algún sector ciudadano que no procesal del juez Garzón se están cometiendo excesos intolerables. Porque intolerable es que dos miembros de la carrera fiscal, Villarejo y Mena, aunque estén ya jubilados, tilden de fascistas, torturadores y otras lindezas a los miembros del Tribunal Supremo. Intolerable es que un alto cargo del Gobierno de España -el Secretario de Estado de la Vicepresidencia Tercera, Gaspar Zarrías- acuda a un acto donde se profieren esos insultos. Intolerable es que en Barcelona se organice un acto homenaje a Garzón con el apoyo de la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña presidida por ese personaje gris de Izquierda Unida que es Jon Saura.

En el caso de la no sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, desde que el pasado viernes se supo que hay una mayoría de seis magistrados frente a cuatro que son partidarios de declarar inconstitucionales una buena parte de los artículos de dicho texto y desde luego los que definen a Cataluña como una Nación o los que le reconocen un poder judicial propio, la ofensiva capitaneada por el presidente de la Generalitat, José Montilla, también merece el calificativo de intolerable. La pregunta es muy sencilla: ¿hubiese dicho y hecho lo mismo Montilla caso de que la mayoría del Constitucional se hubiera pronunciado en sentido contrario? Se podrá criticar que tras casi tres largos años y medio todavía no haya sentencia; se podrá criticar que por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP y sólo por esta razón, no se haya procedido a la renovación de cuatro magistrados del Alto Tribunal que ya han agotado hace tiempo su mandato. Pero lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras es procede a una descalificación global de una institución que es básica en nuestro sistema democrático.

Decía en una reciente columna que se estaba jugando con fuego y que este al final acaba quemando. El desprestigio de la clase política es ya un hecho y así se pone de manifiesto encuesta tras encuesta. La desafección de los ciudadanos hacia los gobernantes no deja de crecer y puede tener su reflejo en una alta abstención en próximas citas electorales. Con una situación de crisis económica que nos acerca vertiginosamente a los cinco millones de parados, ahora, lo que faltaba es que esa clase política -"casta" es un término mas adecuado para definirla- se dedicara a cargarse el sistema desde dentro mediante el vapuleo de dos instituciones tan importantes como son el Tribunal Supremo y el Constitucional.