Cayetano González.- Hacer justicia.

Actualizado 27/07/2012 14:00:33 CET
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Cayetano González.- Hacer justicia.

MADRID, 27 Jul. (OTR/PRESS) -

El Gobierno ha anunciado su intención de modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para propiciar que todas aquellas personas que tuvieron que abandonar el País Vasco o Navarra después de las primeras elecciones democráticas celebradas el 15 de junio de 1977 como consecuencia de la amenaza terrorista de ETA puedan volver a ejercer, si lo desean, su derecho al voto en aquella localidad vasca o navarra en la que estuvieron residiendo y censados, al menos, cinco años. El ejecutivo de Rajoy se ha apoyado para tomar esta decisión en un informe elaborado por una veintena de expertos presididos por el prestigioso catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo y actual Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás.

Esta medida anunciada por el Gobierno, que ya sido recibida con polémica y rechazo por parte del PNV y de la marca política de ETA, es fundamentalmente justa con todos aquellos ciudadanos vascos y navarros que sin sufrir un atentado directo de la banda terrorista, sin embargo tomaron la decisión de dejar su tierra por lo insoportable que les resultaba el clima de asfixia y coacción que todo el entramado de ETA, en muchos casos con la connivencia del PNV, ha desplegado durante las últimas décadas en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra.

Hace años, el otrora todo poderosos presidente del PNV, Xabier Arzalluz, manifestó con ese desparpajo no carente de cierta inmoralidad que caracterizaban algunas de sus declaraciones que habría que excluir del censo a todos los guardias civiles, policías nacionales o militares que residían en el País Vasco, porque ya se sabía que esas personas eran unos "españolistas" que al ejercer su derecho al voto estaban distorsionando la "pureza" de la sociedad vasca. Pues bien, la que en la práctica ha llevado durante estos años una auténtica depuración del censo ha sido ETA. Diversos estudios e informes serios y solventes cifran en 200.000 las personas que han tenido que abandonar el País Vasco y Navarra por causas relacionadas con la amenaza y la violencia terrorista.

Reconociendo por tanto el acierto del Gobierno con esta medida, también hay que dejar claro que la misma llega tarde porque ETA -gracias sobre todo a Zapatero, a los seis magistrados del Tribunal Constitucional que permitieron la presencia de Bildu en las elecciones municipales y legalización recientemente Sortu y a la inacción de Rajoy al llegar a la Moncloa- está ya en las instituciones vascas, gobierna en Guipúzcoa, en muchos Ayuntamientos del País Vasco y de Navarra y disputará al PNV la primera posición en las próximas elecciones vascas. Ese es el problema político de fondo: que después de cincuenta y tres años de macabra existencia, ETA está a punto de conseguir aquello por lo que ha asesinado a 859 personas: el poder y desde el mismo plantear la ruptura con España.

OTR Press

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