Cayetano González.- El pinganillo.

MADRID 21 Ene. (OTR/PRESS) -

Luego se quejarán de que, encuesta tras encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, los ciudadanos les perciban ya como el tercer problema de este país tras la crisis económica y el paro; luego se quejarán de los comentarios cada vez más despectivos que se formulan respecto a ellos en tertulias y cafés; luego se quejarán del cada día mayor alejamiento respecto a esos ciudadanos a los que supuestamente dicen servir y que se traduce en una alta abstención en los diferentes procesos electorales. La "casta" política no tiene remedio. Y el último numerito llevado a cabo en el Senado es una buena muestra de ello.

Ahora resulta que para, fundamentalmente, dar satisfacción a los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos -es decir, a aquellos que no ocultan su intención última que no es otra que España deje de ser España- ha habido que habilitar un sistema de traducción simultánea para que sus "señorías" puedan entender lo que se diga desde la tribuna de oradores en catalán, euskera o gallego. La "broma" cuesta -es decir, nos cuesta a nuestros bolsillos- la nada despreciable cifra de 12.000 euros por Pleno lo que hace un total de 350.000 euros al año. Uno de los argumentos utilizados por quienes defienden este dislate es que esa cantidad de dinero es "el chocolate del loro". Dicho eso en un país con casi cinco millones de parados y con más de un millón de hogares donde ninguno de sus miembros tiene trabajo, es sencillamente una ofensa. Porque a mucho de esos parados ya les gustaría llevarse a la boca aunque fuese la décima parte de ese "chocolate del loro" que se gastan sus señorías en la traducción simultánea.

El problema de fondo es la falta de sentido común que revelan iniciativas de este tipo. Nadie que respete lo que dice la Constitución sobre las lenguas de las diferentes comunidades autónomas está en contra del uso del catalán, del vasco y del gallego. Nadie, salvo quizás los muy radicales, desea que esas lenguas no tengan su desarrollo y que puedan ser utilizadas por todos aquellos ciudadanos que lo deseen.

Pero el problema no es ese. El problema es que en una institución como es el Senado -la segunda Cámara Legislativa cuyos miembros son elegidos en su mayor parte por las circunscripciones provinciales de toda España- lo lógico, lo normal, es que se utilice la lengua común de todos los españoles, aquella en la que todos se entienden. Porque sino, se produce el hecho realmente grotesco que mientras que en el Salón de Plenos hay que usar el pinganillo para entender lo que están diciendo algunos senadores que hablan en catalán, vasco o gallego, en los pasillos de la Cámara no hay ese problema porque todos hablan en castellano. ¿Hay alguien que pueda entender esto? ¿Por qué los políticos -ciertamente no todos- se empeñan en hacer cosas que atentan contra el más elemental sentido común? ¿Qué hemos hecho los españoles para merecernos esta "casta" política?