MADRID 4 Nov. (OTR/PRESS) -
Tenemos un problema y preferimos mirar hacia otra parte. Cada día son mas los casos de acoso escolar protagonizados en unos casos por niños, en otros por adolescentes. Hace unos días en Ponferrada un grupo de niñas la emprendieron a empellones y patadas con una de sus compañeras. El resultado fue que la rompieron una pierna. En el centro escolar al que acude esconden la cabeza debajo del ala. Para no tener que asumir responsabilidades sobre los comportamientos del grupo de niñas acosadoras -cuya acosadora conducta previa a la agresión deberían haber detectado-, aducen que la paliza se la dieron fuera del colegio. No es seguro que vayan a expulsar a las agresoras. Lo único cierto, dramáticamente cierto, es que la madre de la niña herida ha dicho las palabras que a todos nos han conmovido: "No entiendo -dice- por qué mi hija que es la agredida es la que tenga que abandonar el colegio".
Es tremendo que episodios de esta naturaleza no tengan una respuesta fulminante. A partir de la Ley del Menor y, sobre todo, a partir del sentido común. Porque ésa es otra: resulta que el departamento correspondiente de la Junta de Castilla y León se lo está pensando. "Estudia el caso". Está averiguando si hay algún atajo por el que pueda escurrir el bulto. El caso es que entre la ley que en teoría protege al menor -pero también a los menores agresores- y nuestras autoridades (fiscales de menores, responsables de las consejerías que tienen transferidas las competencias y directores de colegios), ante un caso de acoso, de agresión a un menor, los padres de la víctima ya saben lo que les espera: cambiar al niño o a la niña de colegio, iniciar un camino de denuncias que en la práctica se convierte en calvario y poco más.
Salvo excepciones, las autoridades sólo hacen algo cuando el caso trasciende a la los medios de comunicación. Ver, como hemos visto por televisión, a un gañán de quince años agredir a un maestro de un instituto de Alicante ha sido una de las noticias más indignantes y tristes de los últimos meses. ¿Qué ha sido de ése energúmeno, de ése canalla en ciernes? ¿Qué está haciendo la Fiscalía de Menores de Alicante? Y, los padres de éste gañán, ¿se han dado cuenta de la joya que están alimentando? Por no hablar de la amiguita, también menor de edad, que presenció la agresión y la grabó con su teléfono móvil.
Todo esto es atroz. Tenemos un problema muy serio y no queremos recocerlo. Y no me refiero sólo a los menores que parecen que han entrado en lo que Ana Arendt denominaba la "banalización del mal". La culpa también es de lo adultos que lo estamos permitiendo.
Fermín Bocos.