Isaías Lafuente.- Cañizares se queja.

MADRID 5 Dic. (OTR/PRESS) -

Antonio Cañizares, cardenal primado de España, denunció en su última homilía dominical que la instrucción pastoral de los obispos, titulada 'Orientaciones morales ante la situación actual de España', había sido silenciada. Esta misma mañana he leído un artículo firmado por el arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, en el que los autores ofrecían pautas para una interpretación adecuada del documento de los obispos, sobre todo en lo referente a sus apreciaciones en torno a la unidad de España.

Parece evidente que si estos prelados se han visto en la obligación de aclarar ante la opinión pública aspectos que, en su opinión, han sido malinterpretados es porque la instrucción pastoral ha tenido la suficiente difusión y ha suscitado un importante debate social en los medios de comunicación, lo que parece incompatible con la apreciación expresada por el arzobispo Cañizares.

Que la Iglesia tiene derecho a expresar libremente las opiniones que le plazca es tan evidente como que la opinión pública tiene derecho a valorarlas con el mismo grado de libertad, para difundirlas y comentarlas de la manera que crea conveniente. Otra cosa es que esas opiniones expresadas por la Iglesia pretendan orientar moralmente decisiones políticas que los representantes legítimos de los ciudadanos adoptan a la luz de la Constitución, que es lo que corresponde. El debate daría para mucho, pero sólo me gustaría reflejar la paradoja que supondría, por ejemplo, que el parlamento aprobase un documento titulado Orientaciones políticas ante la situación actual de la Iglesia española. Al margen de los contenidos, no me cabe duda de que la iniciativa suscitaría, y con razón, un escándalo mayúsculo.

El Evangelio y la Constitución coinciden en una idea expresada en el texto religioso con un contundente "al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". Esta separación de ámbitos marca las reglas del juego en una sociedad democrática y la primera de ellas es que mientras no todos los ciudadanos han de sentirse concernidos por las orientaciones morales de la Iglesia, todos los miembros de la Iglesia sí que están obligados por las leyes. Hace pocos días, preguntado el portavoz de la Conferencia Episcopal por un proceso abierto contra el arzobispo de Granada por presuntos delitos de injurias y calumnias, acoso moral, coacciones y lesiones psícológicas, respondió que "no es competencia de los jueces gobernar a la Iglesia". Una declaración sorprendente en cualquier caso, y más si tenemos en cuenta que el documento pastoral ya mencionado exige a los poderes públicos que respeten "escrupulosamente la autonomía del Poder Judicial y la libertad de los jueces".

Quizás el cardenal Cañizares debería preocuparse por la mejor difusión de sus documentos entre los suyos antes de denunciar falsos silencios de la opinión pública.

Isaías Lafuente.