MADRID 30 Ene. (OTR/PRESS) -
Ibarretxe se sentará como imputado en el banquillo del Tribunal Superior del País Vasco el próximo miércoles. Su presunto delito, haberse reunido con dirigentes de la ilegalizada Batasuna el pasado mes de abril. Por un encuentro semejante, la organización Manos Limpias, liderada por el ultraderechista Miguel Bernard, pretendió sin éxito llevar a los tribunales al presidente Zapatero y a los líderes socialistas vascos Patxi López y Rodolfo Ares. Garzón no vio impedimento para que esta reunión se celebrase y el Tribunal Supremo la avaló finalmente en un pronunciamiento en el que consideraba "fraude constitucional" que alguien pretenda "corregir la dirección de la política interior o exterior" que la Constitución encomienda al Gobierno legítimo. Además, añadía que sería "impropio" pensar que los tribunales pueden controlar la acción del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado sometiendo a enjuiciamiento penal a sus titulares.
No es necesario tener una vasta formación jurídica para intuir el paralelismo entre ambas situaciones, ni tener dotes de adivinación para predecir que la denuncia contra Ibarretxe, como la que se articuló contra Zapatero, López y Ares terminará archivada. Pero quizás la decisión se dilate en el tiempo y, en todo caso, quedará para la historia la foto, inédita hasta hoy, de un lehendakari ante un tribunal de justicia, lo que algunos no desaprovecharán para sacar petróleo.
Sin embargo, la evidencia de que una reunión no deba ser perseguible penalmente no la legitima desde el punto de vista político. El encuentro de abril, como el que el presidente vasco ha celebrado hace unos días con Otegi en un gesto que sólo puede considerarse pulso a quienes lo han imputado, no son el mejor ejemplo de oportunidad política. No cuestiono que Ibarretxe defienda que los canales de comunicación y diálogo deban seguir abiertos con la izquierda abertzale, pero el gobierno que dirige y el partido al que representa tiene vías para mantenerlos vivos de manera más discreta, sin tenderles la alfombra roja y abrirles las puertas de las instituciones. Y si eso era válido en abril, más aún lo es ahora.
Ibarretxe es la máxima representación del Estado en su comunidad autónoma. Y el Estado español en estos momentos, tras el brutal atentado de Barajas, no puede lanzar mensajes equívocos a un mundo que se muestra patológicamente incapaz de romper su cordón umbilical con la organización terrorista ETA; darles a entender que las cosas siguen como si nada hubiera pasado.
La lógica democrática tiene estas exigencias. Ni Ibarretxe puede ser perseguido penalmente por una reunión, ni su partido puede presionar a la Justicia con manifestaciones callejeras, ni el principal partido de la oposición puede condicionar las decisiones de los tribunales calificando a priori de "escándalo democrático" una de las dos vías legales pare resolver un dilema como el de Iñaki de Juana. El verdadero escándalo es que los demócratas nos sigamos poniendo minas mientras ETA prepara sus bombas para cuando crea conveniente.
Isaías Lafuente.