MADRID, 8 Feb. (OTR/PRESS) -
Andamos en los últimos días intentando entender qué es un relator, esa figura que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado como figura externa en la mesa de partidos catalanes para hablar del conflicto territorial. Con el diccionario en la mano, relator es aquella persona que en una reunión hace relación de los asuntos tratados, de las deliberaciones y de los acuerdos alcanzados. Sería, según esta acepción, una figura entre secretario y notario. Resulta sorprendente que, en una democracia madura, una reunión entre partidos democráticos necesite de una persona externa para organizar encuentros y dar fe de lo que en ellos se discute. Así que contemplarla, como poco, puede evidenciar el grado de desconfianza entre los interlocutores, el enquistamiento y la degradación del problema o la incapacidad de los actores para resolverlo. Además, y esto es más serio, desplaza el ámbito de discusión de tan grave problema desde el Parlament, en donde están todos los partidos que representan a todos los catalanes, hasta una mesa en la que esa representación está mutilada.
A quienes defienden la figura puede parecerles poca cosa en comparación al gran incendio provocado, aunque deberían considerar que el hecho de que un relator necesite un relato para ser explicado ya habría sido suficiente razón como para replantear la idea antes de ser formulada a los ciudadanos. Pero tampoco se compadece esta decisión criticable con la respuesta brutal que ha tenido por parte de PP, Ciudadanos y Vox, que han tildado al presidente del Gobierno de "felón arrodillado ante los independentistas". Pablo Casado ha llegado a acusar a Sánchez, entre una retahíla de insultos encadenados, de "alta traición a España". Y eso sí que son palabras mayores.
Primero, porque el delito de alta traición en España no existe. Y porque de los delitos de traición recogidos desde el artículo 581 al 588 del Código Penal, es difícil que alguno sea aplicable a lo del relator. Pero si lo cree, Casado no ha anunciar en un tuit o en una improvisada declaración ante la prensa que "activará las medidas necesarias para frenar la alta traición de Sánchez a España". Esas medidas contra un presidente presuntamente traidor están tasadas en la Constitución, en su artículo 102.2, que establece que esa responsabilidad "sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso". Son 87 diputados y Casado los tiene. Así que debería atreverse, salvo que sus graves palabras sólo sean salvas de fogueo que los ciudadanos acaben aceptando como el que oye llover.
