Isaías Lafuente.- Ser o no ser

Actualizado 14/01/2009 1:00:42 CET
Actualizado 14/01/2009 1:00:42 CET

Isaías Lafuente.- Ser o no ser

MADRID, 14 Ene. (OTR/PRESS) -

Las asociaciones de jueces han lanzado un ultimátum al gobierno en el que amenazan con ir a la huelga el próximo mes de junio si no se atiende un catálogo de reivindicaciones en el que se mezclan las reclamaciones salariales, la petición de una reforma que adecue la planta judicial a la carga de trabajo que soportan los tribunales o la exigencia de frenar una reforma legislativa en marcha sobre su capacidad de señalar juicios y vistas, que pasaría a ser competencia de los secretarios judiciales. Este último asunto es especialmente vidrioso porque nos habla de la coacción directa de uno de los poderes del Estado sobre otro, invadiendo competencias exclusivas del segundo. Pues si los jueces tienen potestad e independencia absolutas para hacer cumplir las leyes conforme a la ley, al poder legislativo corresponde la de redactarlas y aprobarlas con idéntico grado de independencia.

Las carencias de la Justicia son un mal endémico de nuestra democracia en el que todos los gobiernos centrales en el pasado, y el central y los autonómicos que tienen las competencias transferidas en la actualidad comparten responsabilidades. Por eso cabria hacer algunas suculentas preguntas sobre el por qué de esta amenaza ahora. Pero antes de plantearse estas disquisiciones hay una previa que convendría ser resuelta y se refiere al derecho de los jueces a ejercer el derecho de huelga.

Y la respuesta no es fácil. Es verdad que la Constitución reconoce genéricamente el derecho a todos los trabajadores y entre las prohibiciones que explicita a los jueces - a sindicarse o a militar en partidos políticos - no incluye la de ejercerlo. Pero también es verdad que la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reconoce explícitamente el derecho a la huelga a los funcionarios que trabajan al servicio de la administración de Justicia no lo hace con los jueces. Da la sensación de que al legislador, en uno y otro caso, ni siquiera se le pasó por la imaginación que los jueces, un día, ejercitaran el derecho de huelga.

A día de hoy, el gobierno y el PP creen que tal derecho no lo pueden ejercer los jueces por encarnar un poder del Estado. El CGPJ no dice ni sí ni no. Y Gaspar Llamazares afirma que todo lo que no esté expresamente prohibido en la Constitución es posible, tesis que nos llevaría a considerar normal que ministros, diputados, el presidente del Gobierno o el Rey, por llevar el asunto a sus extremos, podrían ejercerlo, cosa que al diputado Llamazares seguramente le parecerá un absurdo.

Durante décadas, sucesivos gobiernos se han resistido a elaborar una ley de huelga. En días como estos se echa de menos, para poder juzgar si los jueces, cuya misión constitucional es hacer cumplir la ley, se la están saltando a la hora de ejercer un derecho que no les corresponde.

Isaías Lafuente

OTR Press

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