José Cavero.- Garzón no se arruga

Actualizado 15/02/2009 1:00:21 CET

MADRID, 15 Feb. (OTR/PRESS) -

En los últimos días, estamos asistiendo a la reiterada acusación de que hay jueces que parecen 'parte' del caso que quieren juzgar, presuntos delincuentes que pretenden, asimismo, ser presentados como víctimas de tales casos. El juez Garzón, qué duda cabe, suscita mucha controversia, sobre todo, por la frase que se le atribuyó sobre la cacería con sus amigos y con el ministro Bermejo: se ha asegurado que, según sus propias presuntas palabras pretendía "brindar por los 20 años próximos en que seguirán gobernando los socialistas". No hay duda de que Garzón estaba muy convencido del material gravísimo que ya tenía acumulado en su despacho, 25 cajas de documentos, y que apenas había comenzado a examinar y a transformar en parte del sumario Correa de comisionistas a cuenta de, y acaso, en beneficio del PP. En las últimas horas, el propio juez Garzón rechazaba la personación del PP como acusación en la causa por esa supuesta trama de corrupción que afecta a concejales y otros cargos pertenecientes al citado partido, al considerar que no se puede ser al mismo tiempo presunto responsable de un delito y su víctima. En su auto, el magistrado confirma, además, que entre los investigados se encuentran parlamentarios o cargos aforados del partido, por lo que anuncia que tendrá que inhibirse en favor de otros tribunales para perseguir sus actividades delictivas. En lo que algunos adversarios de Garzón descartaban: que Garzón se viera obligado a dejar el caso, o alguna de sus partes, en manos de colegas por haberse topado con aforados, que precisarán de jueces de Tribunales Superiores al suyo. En efecto, fuentes de la investigación han indicado que los aforados a los que se refiere Garzón probablemente sean Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, que fue destituido la pasada semana aunque continúa como parlamentario madrileño, y un alto cargo de la Comunidad Valenciana, cuya identidad aún se mantiene secreta.

En cuanto a las actuaciones del juez, en los registros efectuados en los últimos días ha continuado interviniendo abundante documentación, ordenadores y memorias portátiles, y a la policía judicial aún no le ha dado tiempo a seguir las pistas a las que apuntan. Por ello, estas fuentes aseguran que el número de aforados podría aumentar en los próximos días. Y en este punto están "con los nervios a flor de piel" en el seno del PP, que no sabe qué sorpresas le esperan. De momento, la sola sospecha de que pudieron participar elementos de los Gobiernos de las Comunidades de Madrid y de Valencia en las irregularidades y en los negocios turbios de los comisionistas, paraliza y disminuye cualquier ánimo de actuación, a la espera de conocer esos datos cruciales y de saber en qué grado pudieron tener conocimiento de ese tráfico de influencias y dinero los propios presidentes de las dos Comunidades referidas, Aguirre y Camps. De momento, es probable que Esperanza Aguirre acalle, o siquiera amaine, sus incesantes protestas de ser totalmente ajena al embrollo, toda vez que su consejero López Viejo aparece como deudor de las empresas de Francisco Correa.

En su resolución de ayer, el juez explica que el PP no puede personarse como acusación porque "existen serios indicios" de que algunos integrantes de ese partido o personas vinculadas a él "podrían tener responsabilidad penal en esta causa". Garzón se dirigió el pasado jueves a la Fiscalía para que le indique qué pretende que se haga con los casos de los aforados, si debe inhibirse de inmediato al tribunal que corresponda en cada caso o si, como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe esperar a completar la investigación. El auto anuncia que, en el momento oportuno, el juez cederá la competencia sobre los aforados al tribunal competente. Cabe recordar que los miembros del Gobierno central, diputados y senadores responden ante el Supremo, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que los parlamentarios autonómicos y miembros de los ejecutivos regionales lo hacen ante los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad. Garzón lo tiene claro, puesto que afirma que la inhibición "se producirá una vez que concluya el análisis policial y pericial de los documentos y otros datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente". Como el PP fue rechazado como parte -aunque ha anunciado recurso-, la Comunidad de Madrid intentó ayer personarse en la causa, aunque es obvio que el camino será el mismo que el seguido por el PP, puesto que en un futuro puede ser considerada responsable civil de las actuaciones de sus aforados. El juez tomó ayer declaración a una persona detenida desde el miércoles pasado, presuntamente el empleado de Correa, que habitaba el piso de seguridad de la trama en Madrid. El juez le dejó libre con comparecencias semanales. No hay duda de que la presunción de aforamiento de algunos "peperos" paraliza al principal partido de la Oposición, incapaz de nuevas actuaciones en tanto no se avance en la revelación de los secretos que aún rodean al caso. De ahí que Rajoy y otros dirigentes del PP reclamen que el sumario sea publicado lo antes posible, para saber a qué atenerse.

Y entre tanto, da que hablar "un maletín" que podría contener los documentos clave de las actuaciones del tal Correa. Lo buscan el juez y la policía, y parece, siquiera de momento, "perdido".

JOSÉ CAVERO

OTR Press

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