MADRID 24 Jun. (OTR/PRESS) -
En un Estado democrático, y el nuestro lo es, las decisiones judiciales pueden ser criticadas. Así, no es de extrañar, el cúmulo de críticas al auto del juez Peinado que ha decidido retirar el pasaporte a Begoña Gómez, además de obligarla a comparecer cada quince días en el juzgado, con un argumento de lo más pintoresco: que sus escoltas la pueden ayudar a fugarse. Argumento que es de aurora boreal y que ha indignado, con razón, a los policías.
En el imaginario de los ciudadanos de a pie, caben pocas dudas respecto a que la señora Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, se metió en negocios, que hasta entonces le eran ajenos, aprovechando las ventajas, de ser quien es, para poner en marcha esa polémica cátedra en la Universidad Complutense, y eso es "feo, feísimo". Pero eso no quita que la controvertida decisión del juez Peinado sea munición para quienes pretenden desprestigiar a la Justicia acusando a los jueces de adoptar decisiones arbitrarias. Y precisamente porque el nuestro, por lo menos hasta ahora, es un Estado de Derecho, el auto ha sido recurrido a un tribunal superior, que le puede enmendar la plana, además de haberse planteado ante el Consejo General del Poder Judicial, la posibilidad de sancionar al juez.
Por eso, lo que sí me parece preocupante es la desproporción, es la salida en tromba de ministros y dirigentes políticos defendiendo a la señora Gómez. Lo mismo que han salido en tromba para cuestionar el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo condenando al ex ministro Ábalos y a su "compi" Koldo. Ministros y políticos de izquierda cuestionan que Víctor de Aldama, perejil de todas las salsas que cocinaban los primeros, se libre de ir a prisión por haber colaborado con los tribunales.
Pero esta es otra historia. La de hoy es que el juez Peinado con algunas de sus incomprensibles y, controvertidas decisiones, viene haciendo un flaco servicio al prestigio de la Judicatura.