MADRID 26 Nov. (OTR/PRESS) -
Debiera estar prohibido decir cosas que ya se saben. Especialmente al presidente del Gobierno de España, si quiere ser un político respetado por sus criterios y por la seriedad de sus posiciones. Resulta que las consecuencias graves para ETA que iba a tener el robo de armas y municiones, en caso de que se confirmara esa autoría, son, sencillamente que sus autores responderán ante la justicia. Se ha comprometido, el presidente, a perseguir a los culpables de ese delito. ¡Increíble!
El funcionamiento ordinario de las instituciones de la Justicia en la persecución de delitos, afortunadamente, no depende de la voluntad del presidente del Gobierno. Es por la tanto absurdo, ridículo y contradictorio que José Luís Rodríguez Zapatero intente convertir la acción automática de los tribunales en una respuesta política a un problema que es esencialmente de Gobierno: la negociación con ETA. Añade además, el presidente, que extremará su vigilancia para acreditar la voluntad de abandonar las armas.
Si de lo que se está hablando es de un robo de armas, ¿cómo se puede acreditar la voluntad de que las abandone quien las acaba de sustraer? En toda circunstancia hay que pedir a quien preside el Gobierno de España rigor y seriedad en sus manifestaciones, pero cuando de lo que se trata es de la política antiterrorista, en una encrucijada como la que está viviendo nuestro país, resulta casi una ofensa al sentido común y a la inteligencia que después del clímax generado con aquellas declaraciones *si se confirma que ha sido ETA, habrá consecuencias- la respuesta haya sido tan disparatada.
Empieza a haber signos preocupantes de que José Luís Rodríguez Zapatero ha perdido el control sobre lo que se viene llamando 'proceso de paz' y que su desesperación por negar evidencias incontestables está poniendo en serios aprietos a los sectores de opinión pública que le han apoyado en el intento de acabar más rápidamente con la violencia.
Independientemente de la naturaleza de la oposición que viene desarrollando el Partido Popular en este asunto y de la falta de lealtad institucional que se le puede achacar, lo cierto es que la sociedad española está dividida frente a este proceso. Declaraciones y acritudes como las que está sosteniendo el presidente, no facilitan, precisamente, que la confianza en la política antiterrorista siga ganando adeptos.
Carlos Carnicero