Publicado 18/10/2020 08:00CET

Victoria Lafora.- La chulería como estrategia

MADRID, 18 Oct. (OTR/PRESS) -

Va resultar muy difícil salir del pulso que el propio Sánchez (o tal vez el estratega del regate en corto: Iván Redondo) ha planteado con la reforma de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Al PP, que también juega a corto, le vino muy bien una de las muchas salidas de tono de Podemos, con su insistente campaña republicana, encaminada a ganar espacio en los medios. Así, cuando parecía que ya estaba logrado el acuerdo y repartidas las fichas, que en realidad son los nombres de los candidatos, dio marcha atrás exigiendo que Pablo Iglesias no participara en la mesa.

No exigían su salida del Gobierno, como se dijo; sencillamente, no querían que participara en ningún pacto de renovación de los órganos constitucionales. Se preguntaba si, en caso de ser un Ejecutivo de ellos con Vox, los socialistas habrían aceptado dar voz y voto a la extrema derecha. La pregunta no tiene respuesta aunque es fácil adivinarla.

Y ante este bloqueo, a Pedro Sánchez/Iván Redondo, no se le ocurrió otra cosa que echar un órdago con un tema tan sensible como la separación de poderes en un Estado democrático. La propuesta de evitar los tres quintos de votos del Congreso para la elección de vocales es una barbaridad jurídica de la que no saben cómo salir. Creían que el PP se iba a achantar y que volverían a la mesa de diálogo pero, lejos de eso, han acudido a Bruselas a poner sobre aviso a las autoridades europeas.

Aunque Sánchez le quite hierro al aviso que ha recibido de la Comisión Europea, el tema es peliagudo en un momento en el que los generosos fondos de la UE todavía no han sido ratificados por los "puristas" países del norte que siempre ven a los mediterráneos como los despilfarradores de fondos públicos. Ya solo falta la vergüenza de que un país como Hungría, que debería ser expulsado, pida que se nos llame la atención por no respetar la autonomía judicial. La Comisión no solo exige que se consulte a todas las partes implicadas, si no que se deberá pedir una evaluación a la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa que vela porque las reformas judiciales se adapten siempre a los exigentes estándares de la UE.

Si a esto le sumamos el malestar de la carrera judicial, que considera que los políticos tienden a judicializar los problemas en lugar de llegar a acuerdos, y de interesarse por la Justicia para tratar de controlarla en lugar de dotarla de los medios necesarios, el problema es evidente.

Aún así, Sánchez, ha vuelto a repetir que seguirá adelante con la reforma a menos que el PP dialogue y cuanto antes. Ya veremos quién gana el pulso. Porque parece evidente que el Tribunal Constitucional, que definió como indispensable la mayoría de los tres quintos del Congreso, en la reforma de la ley en los años ochenta, puede cargarse de un plumazo el proyecto de PSOE y Podemos.

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