MADRID, 15 Nov. (OTR/PRESS) -
El anuncio de la prohibición de venta de vehículos contaminantes en 2040 ha provocado un revuelo mediático y político acorde con la gestualidad en la que está inmersa la sociedad desde hace unos años.
El Gobierno se ha instalado en los anuncios previos de una gestión que puede demorarse en el tiempo, en este caso veintiún años, sumergido en esa espiral de marcar distancias con el PP y Ciudadanos, como si el país viviera en una campaña electoral permanente y sin fechas.
Esta estrategia, que está perfectamente diseñada desde la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa y dada su escasa fuerza parlamentaria, consiste en ofrecer cambios legislativos que solo podrán llevarse a cabo en una nueva legislatura y con los apoyos suficientes. Eso que vulgarmente se conoce como "poner la zanahoria". De aquí que la oposición y el sector económico implicado se pregunten (dado que no puede ser ingenuidad, parece retórica) porque se ha dado a conocer a los medios antes de negociarlo y pactarlo.
Porque la futura Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica va con considerable retraso con respecto a Europa y sobre todo los países del norte, precisamente los que menos riesgos tienen con el temido calentamiento global que puede convertir a España, más que a ningún otro, en un invivible desierto. Y son Holanda, Dinamarca o Irlanda los que antes, en 2030, apliquen la prohibición. La diferencia es que ellos llevan años negociando con la industria automovilística, con el transporte por carretera, con los ayuntamientos, etc.
Aún así, España se comprometió con el acuerdo de París contra el cambio climático y esta es una de las medidas de obligado cumplimiento para rebajar los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, si no queremos que la temperatura suba hasta el nivel de la catástrofe, no queda otra que tomar medidas.
El escándalo tiene menos justificación si se piensa que dentro de veintiún años los ciudadanos puede que se desplacen en motos eléctricas voladoras, cuyos prototipos se están probando ahora mismo en Japón, o que el transporte público esté, por fin, a la altura de las necesidades de los usuarios y desaparezca el vehículo privado por falta de uso.
Para que la transición se haga de forma ordenada, junto al imprescindible pacto de Gobierno y oposición para que la alternancia en el poder no convierta este tema en un baile de reformas y contra reformas, como ocurre con la educación, se necesitan una serie de medidas urgentes. Entre otras que aquellos a quienes se invita a comprarse ya un coche eléctrico, tengan donde cargarlo. Como ocurre en el resto de la UE.
En cualquier caso, quedan muchos años hasta 2050 y, dado el envejecimiento de la población, se puede decir sin sorna que para entonces todos calvos.
