MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular exigirá al Gobierno garantías de que sólo la autoridad judicial podrá adoptar medidas sobre contenidos en páginas web para impedir actuaciones arbitrarias que atenten contra la libertad y los derechos de los ciudadanos. Así se recoge en una Moción, consecuencia de la Interpelación a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, debatida en el último Pleno del año pasado y que se votará este martes en el Congreso.
En concreto, el PP quiere que el Gobierno impulse un escenario de seguridad jurídica en Internet, que garantice un equilibrio entre, por un lado, la protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual y, por otro, el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos así como los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva; y, en todo caso, "con la garantía de que sólo la autoridad judicial podrá adoptar medidas que supongan la interrupción o restricción del servicio o la retirada de contenidos", señala el texto de la Moción.
El PP recuerda en la Exposición de Motivos de la iniciativa que el Pleno del Congreso aprobó en noviembre de 2008, con el acuerdo de los distintos grupos parlamentarios, una Proposición no de Ley por la que instaba al Gobierno a impulsar, en el marco de la Comisión Intersectorial contra la Piratería, una estrategia "consensuada y eficaz para hacer frente a las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, sobre la base del acuerdo de todos los sectores implicados: industria de contenidos, operadores de Internet, consumidores y usuarios". Dicha estrategia había de garantizar un justo equilibrio en el ejercicio de los diversos derechos fundamentales.
Asimismo -continuaba la resolución- esta actuación debía ser complementada con la promoción del respeto de los derechos de propiedad intelectual y el respaldo al desarrollo de nuevos mercados y nuevos modelos de comercialización en la industria cultural, plenamente adaptados al entorno digital.
Añade que a instancias del Grupo Socialista y de ERC se creó en 2009, en el seno de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, una Subcomisión sobre la Reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyas conclusiones podrían conocerse a finales de este mes de febrero.
ANTECEDENTES
El PP denuncia que el Gobierno, lejos de dar cumplimiento a la iniciativa mencionada y a los futuros trabajos de la Subcomisión parlamentaria, acuerda casi un año después, en el Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2009, la creación de una Comisión Interministerial para el asesoramiento en la lucha contra la vulneración de los derechos de la propiedad intelectual mediante páginas de Internet con el objeto de que se dedique de forma prioritaria al estudio relativo a las citadas vulneraciones.
Su enfoque se centraba en el análisis del marco normativo existente y en las actividades que permitan mejorar la acción judicial en vía civil y penal como principal medio para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Los Ministerios que componen la Comisión elevarían conjuntamente al Consejo de Ministros sus propuestas, de acuerdo con las primeras conclusiones de la Comisión, antes del día 31 de diciembre de 2009.
Según el PP, dos meses más tarde, "sin contar con el consenso al que la resolución parlamentaria le instaba, el Gobierno inserta en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado por el Consejo de Ministros de 27 de noviembre, una disposición por la que se incorpora como novedad esencial en la lucha contra la piratería en Internet, la posibilidad de cerrar las páginas web que vulneren derechos de propiedad intelectual sin necesidad de autorización judicial (Disposición Final Primera)".
Además, el PP asegura que "se ha puesto en evidencia también que cualquier intervención que pueda suponer un límite o menoscabo de los derechos de los ciudadanos deberá contar siempre con la debida supervisión y control de la autoridad judicial como máximo garante de la legalidad de la actuación de los poderes públicos, así como de la debida tutela judicial efectiva, impidiendo de esta forma actuaciones arbitrarias o irregulares que atenten contra la libertad y los derechos de los ciudadanos".
