La Xunta propone un laudo arbitral para la devolución de las preferentes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha realizado una propuesta formal que trasladará a todas las entidades que hayan emitido las conocidas como acciones preferentes y que constituye un "laudo arbitral" que abre una vía para que las depositarias y los usuarios alcancen una solución con "forma de sentencia judicial". En todo caso, para las cajas y bancos con dinero público, esta fórmula tendrá que ser avalada por el FROB y la Comisión Europea.

Así lo ha trasladado el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha destacado que con esta medida se pretende dar cumplimiento al acuerdo unánime del Parlamento autonómico para que se busque una solución para los usuarios que han depositado sus ahorros en acciones preferentes.

Además, el dirigente gallego, que avanzó que a algunas entidades ya se les ha trasmitido esta posibilidad y que se seguirá haciendo con el resto, ha explicado que el Gobierno gallego lleva trabajando en esta problemática desde 2010 y que ha sido el primero en crear un observatorio sobre estos productos, el Observatorio de Produtos e Servizos Financieros.

Actualmente en Galicia existen unas 70.000 personas afectadas por este tipo de depósito en 16 entidades --ocho antiguas cajas y ocho bancos-- y un total de 1.080 millones de euros, aproximadamente. Tal y como ha recordado el presidente gallego, el mayor movimiento de acciones preferentes, el 75 por ciento, se realizó entre 2005 y 2008.

El mandatario autonómico ha remarcado que la vía extrajudicial que propone la Xunta pasa por que las entidades "acepten" este procedimiento y así lo hagan también los clientes. Asimismo, en el caso de las entidades que tienen fondos públicos, ha incidido en que es necesaria la autorización del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y de la Comisión Europea.

EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL

Así, Feijóo, que remarcado que la Xunta seguirá actuando en el ámbito de competencias que tiene, ha defendido que se trata de una solución que "debe manejarse como una solución real, que no es costosa" y que no depende de la administración de justicia.

Con todo, ha llamado a la "prudencia" con esta cuestión "innovadora", puesto que la Xunta lo que hace es proponer una "solución", pero no puede "obligar" ni tiene esa "capacidad" (competencial) para que se acepte esta solución.

"Lo que tengo es el compromiso político de la defensa de los consumidores, de decir que hay una propuesta y un procedimiento, que el Gobierno gallego plantea una solución legal", ha recalcado.

ESTRATEGIA GOBIERNO GALLEGO

La estrategia definida por el Gobierno gallego incluye también, además de la vía extrajudicial de arbitraje que permite agilizar la resolución de conflictos, reuniones y encuentros del conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, y de los responsables de Consumo de la Administración autonómica con las asociaciones de consumidores y de afectados, los responsables de las entidades financieras y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Todo ello, con el fin de analizar las posibles fórmulas de colaboración en el ámbito de las preferentes.

Del mismo modo, seguirán las labores de información y asesoramiento a cargo de la consellería, así como la tramitación de las reclamaciones a través del Instituto Galego de Consumo (IGC) al servicio de atención al cliente y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y la Inspección de Consumo investigará la forma de comercialización de este producto.

Durante su intervención, Alberto Núñez Feijóo también ha recordado que se enviaron cartas a los organismos con competencias en la materia, tanto al ministro, como al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. "Estamos trabajando con todos los actores", ha subrayado.

INFORME EN EL CONSELLO DE LA XUNTA

Así las cosas, el Consello de la Xunta ha analizado este viernes un informe en el que se recogen las actuaciones llevadas a cabo por la Administración autonómica, como el asesoramiento efectuado a los afectados que lo solicitaron o el traslado de las reclamaciones a los organismos competentes, tales como el Banco de España y la CNMV. También el Observatorio de Produtos e Servizos Financieros atendió a los afectados.

La Xunta ahondó en la formación especializada y, tal y como ha explicado el mandatario autonómico, se organizó un seminario de formación destinado a los profesionales de consumo para realizar una labora directa de atención al consumidor, en las oficinas de consumo de los ayuntamientos, asociaciones de consumidores y en las propias oficinas del IGC, en las que participaron 62 especialistas.

Además, para acercar la información a los consumidores, se elaboró una guía informativa sobre las participaciones preferentes que ya se está distribuyendo, y en las que también aparece información sobre las diferentes vías de reclamación.