ANDALUCÍA.-Junta afirma que ninguna universidad andaluza cuenta con planes de estudio adaptados a alumnos discapacitados

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa y para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía afirmaron hoy que ninguna universidad andaluza cuenta con planes de estudio adaptados a las necesidades de los alumnos discapacitados que cursan estudios de educación superior y apuntó la conveniencia de elaborar un plan general y armónico de accesibilidad para superar las carencias existentes en esta materia.

Durante la inauguración de la jornada 'Universidades y Discapacidad' organizada por el Defensor del Pueblo Andaluz en Sevilla, el director general de Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Antonio Sánchez, indicó que son "permanentes" la quejas recibidas por la Administración por la falta de adaptación curricular de las carreras universitarias a los estudiantes con algún tipo de discapacidad, sobre todo, provenientes de los Defensores Universitarios de Andalucía.

Así, Sánchez apuntó que el trabajo de las universidades andaluzas para garantizar el derecho a la educación superior a este colectivo se ha dirigido fundamentalmente a la eliminación de barreras arquitectónicas --para lo cual la Consejería de Innovación destina algo más de medio millón de euros anuales a cada institución académica de la región--, pero destacó que "lamentablemente, ninguna universidad ha tomado nota de la necesidad de establecer metodologías docentes para adaptadas a los alumnos discapacitados".

"La metodología docente no ha cambiado en este sentido en una época en la que se ofertan todas las posibilidades para ello a través de las nuevas tecnologías", señaló, manifestando que "más que de una falta de recursos se trata de una falta de concienciación social".

No obstante, reconoció que las universidades "hacen todo lo que pueden" por subsanar problemas concretos en momentos puntuales, como en las pruebas de acceso a la Universidad, pero "sin que exista un plan general y armónico de accesibilidad para todas las universidades", algo "necesario" teniendo en cuenta que la formación universitaria "está cambiando" y está adquiriendo una dimensión de "formación a lo largo de toda la vida".

Por su parte, la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, recordó que su departamento tiene abierto un canal de financiación para eliminar las barreras arquitectónicas que aún puedan existir en las universidades andaluzas, pero, igualmente, reconoció que lo "fundamental" es que las distintas facultades adapten sus currículos para que cualquier estudiante puede acceder a la educación superior.

Así, reconoció que hay carreras universitarias que no plantean prácticamente ningún obstáculo para alumnos con algún tipo de discapacidad --1.300 de media matriculados cada anualmente, el 59 por ciento, mujeres-- como Magisterio, Derecho o Empresariales, pero, existen otras como Enfermería o Medicina que compartan "dificultades técnicas añadidas", como la adaptación de un quirófano para realizar prácticas.

Por ello, animó a las distintas universidades a seguir trabajando para garantizar el pleno acceso en igualdad de toda la población, ya que "en ocasiones, las personas con alguna disfuncionalidad tienen dificultades para incorporarse a una vida laboral normalizada más por haber estado excluidas previamente del ámbito educativo que por su propia discapacidad".

En este sentido, informó que la Consejería ha remitido recientemente al Consejo Consultivo de Andalucía el Decreto de Accesibilidad para su ratificación, que llegará a Consejo de Gobierno el próximo mes de julio y con el cual se harán las políticas de accesibilidad transversales a todas las instituciones del Gobierno andaluz.

RECONOCIMIENTO DE LA PROPIA DISCAPACIDAD

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, insistió en que las universidades deben de dar "un paso más" en la adaptación de los planes de estudio para la comunidad universitaria discapacitada. La institución presentó a finales de 2008 un Informe Especial titulado 'Universidades y Discapacidad', con la colaboración de las distintas defensorías universitarias, en el que ya advertía de la presencia de "diversos obstáculos, de carácter normativo, organizativo o de infraestructuras que, en algunos casos, comportan auténticos incumplimientos de la legislación vigente en materia de derechos de este colectivo".

Chamizo coincidió en la necesidad de elaborar una norma "general y coherente" sobre discapacidad que armonice y refunda en un único texto legal las disposiciones "dispersas" que asisten a los estudiantes con discapacidad. Asimismo, y para facilitar las tareas de las universidades, pidió a los propios alumnos que certifiquen su minusvalía a la hora de formalizar la matrícula universitaria, ya que, "ni las propias facultades cuentan con información fiable y contrastada del número de personas que forman este colectivo de estudiantes".

Asimismo, el Defensor Universitario de la Universidad Pablo de Olavide, Eduardo Gamero, en calidad de portavoz de las diferentes defensorías universitarias, corroboró que "en la actualidad, existe un porcentaje muy pequeño de estudiantes universitarios con algún tipo de discapacidad", circunstancia "que se relaciona con las dificultades que pueden encontrar para acceder a los estudios superiores".

También centró su preocupación en las adaptaciones curriculares, un trabajo que "ha de realizarse a largo plazo y de forma individualizada", precisó.

Por último, la presidenta de Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-Andalucía), María Ángeles Cózar, lamentó que "en pleno siglo XXI y con una legislación que reconoce los derechos de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la participación social, aún tengamos que reseñar que, una vez superadas las dificultades de la educación primaria, existe una auténtica carrera de obstáculos para acceder a los estudios universitarios".

"Es inaceptable que las universidades no estén adaptadas en sus planes de estudio y recursos a la realidad de las personas discapacitadas, algo que no es sólo cuestión de presupuesto o de solidaridad, sino de justicia y de comprender la importancia de la contribución de todas las personas a la sociedad", reclamó.