MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sindicato ANPE rechaza que se suprima la referencia al castellano como lengua vehicular en la Educación, ya que esta medida "afectaría al carácter estatal de los cuerpos docentes".
Esta idea está recogida en una enmienda conjunta entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC que se someterá a votación este jueves en la Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso (grupo encargado de debatir las enmiendas al proyecto de ley), y que se filtró ayer a los medios de comunicación.
Dicho texto pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas sean las que determinen cuál es la lengua vehicular en su territorio. Y para ello se eliminaría de la ley la referencia a que el castellano sea lengua vehicular.
El sindicato ANPE rechaza esta iniciativa: "El castellano es la lengua oficial de todos los españoles, un derecho básico y fundamental. Y el Gobierno de España debe proteger los derechos lingüísticos de todos sus ciudadanos. La desaparición del castellano como lengua vehicular afecta también al carácter estatal de los cuerpos docentes".
La organización pide a los grupos parlamentarios, en caso de que se llegue a introducir esta enmienda en la reforma educativa, que recurran dicha medida "inmediatamente" ante el Tribunal Constitucional. Precisamente, este mismo miércoles el presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su formación recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma "si el Gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular".
En opinión de la organización sindical, la 'ley Celaá' es un proyecto de ley que "va a nacer de la imposición, sin consenso, sin diálogo y sin negociación con la comunidad educativa y con sus legítimos representantes", además de ser "una ley que responde más a ser una moneda de cambio para otros asuntos de la gobernabilidad de España, y que no responde a la necesidad de que la Educación sea una verdadera prioridad política y social".
"MEDIDAS QUE AHONDAN EN LA DESVERTEBRACIÓN EDUCATIVA"
Según el sindicato, esta idea no es más que una de las "medidas que ahondan cada vez más en la desvertebración educativa", lo que está generando una "gran preocupación e incertidumbre".
En este sentido, citan como ejemplo el Real Decreto-ley del pasado 29 de septiembre por el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, que recoge que la promoción y titulación no quedará supeditada a la existencia de materias suspensas, y que en lo que respecta a la regulación de los criterios de promoción y titulación, se traslada la responsabilidad de modificarlos a las comunidades autónomas y en última instancia a los centros y equipos docentes.
Por último, ANPE recuerda que los dos partidos que sustentan el Gobierno han vetado en el Congreso la posibilidad de que participe la comunidad educativa en la tramitación de la reforma.
