Actualizado 01/12/2015 16:27 CET

CC.OO denuncia hay centros que ya piden a docentes certificados de antecedentes por abusos

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EUROPA PRESS/JCCM

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CC.OO (FE-CC.OO) ha presentado una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo ante la exigencia a los docentes de presentar certificados penales para demostrar que no han sido condenados por delitos sexuales.

Esta premisa la establece la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia a través de la creación de un Registro de Delincuentes Sexuales, que está pendiente de que el Ministerio de Justicia establezca el reglamento pertinente para que comience a funcionar.

Según indica este sindicato, las patronales de la enseñanza privada y concertada, así como algunas administraciones autonómicas, como La Rioja, ya están pidiendo este documento tanto para las nuevas contrataciones como a los trabajadores que ya tienen antigüedad en la empresa.

El Ministerio de Educación Cultura y Deporte acordó el pasado 6 de noviembre con las comunidades autónomas una situación transitoria para
que se utilizara de momento el Registro Central de Penados para los certificados mientras se pone en marcha el de delincuentes sexuales.

Además, en ese encuentro, la Conferencia General de Educación acordó también que los docentes de origen extranjero o los que tengan otra nacionalidad, deben aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde es nacional.

Desde FE-CC.OO argumentan ante la Oficina del Defensor del Pueblo que la exigencia del certificado de antecedentes penales "es una actuación ílicita que vulnera el derecho a la intimidad del trabajador y la Ley de Protección de Datos".

También indican que se contraviene el principio de proporcionalidad al limitar el acceso a un puesto de trabajo cuando la ley "en estos momentos no contempla este supuesto, obstaculizando para un tiempo indefinido su acceso a un trabajo efectivo".

Este sindicato denuncia que con este exigencia se quebranta el derecho a un proceso justo porque, según explica, tanto los empresarios, como la administración educativa "no son órganos competentes para juzgar los antecedentes de un ciudadano".

"El registro se basa en una condena previa, en los delitos mencionados, sin que el Gobierno haya determinado, el conocimiento de otros ilícitos penales por parte de terceros, como es el caso que nos ocupa", sostiene.

Por todo ello, solicita a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que inste a las patronales de enseñanza, a las empresas cuyo personal trabaja con menores de forma directa y a la administración educativa de La Rioja para que cesen "de inmediato" las peticiones de certificados de antecedentes penales.

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