MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
Los diferentes sectores de la comunidad educativa atribuyen a la "falta de voluntad" del Gobierno y a los "intereses electoralistas" de los grupos parlamentarios el fracaso del Pacto de Estado Social y Político por la Educación.
La subcomisión creada hace 17 meses en el Congreso para negociar un acuerdo se extingue este lunes sin consensuar un documento con medidas para una nueva Ley educativa, ya que solo permanecían Partido Popular y Ciudadanos tras el abandono, el pasado mes de marzo, del resto de los partidos de la oposición.
"El fracaso era una cosa cantada casi desde el principio", afirma a Europa Press la responsable de enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca. Su sindicato, como otras de las organizaciones que integran la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de no haber tenido voluntad negociadora. "Cuando se destina a educación, como en el nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), una cifra que nos hace retroceder a principios de los años 90, es difícil pensar que se va a conseguir un acuerdo", sostiene Loranca.
Para CCOO, al igual que UGT, la financiación ha sido "el escollo" donde "naufragó el barco" del Pacto Educativo. "La culpa se la tengo que echar al Gobierno, porque el sitio donde se medía la voluntad de pactar era en la financiación", apunta el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García. En su opinión, la propuesta del Ejecutivo "fue cicatera" ante la demanda de elevar la inversión en educación hasta el 5% del PIB para recuperar los niveles previos a la crisis. "Y el PP puso en la mesa la mitad de esa cifra", asegura García.
"Había que haber trabajado desde abajo la parte social antes que la política", defiende la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal, que califica la subcomisión como "una cortina de humo del PP" donde no había sitio para las organizaciones de la comunidad educativa. Más contundente es la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, que considera el Pacto Educativo "una gran mentira" porque el PP no ha tenido, en su opinión, "voluntad ni intención de pactar o negociar nada en ningún momento".
INTERESES ELECTORALISTAS
"El Pacto Educativo debería servir para dar estabilidad y que ningún estudiante quede fuera del sistema educativo", expone a Europa Press el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Carles López, que lamenta los "intereses partidistas" que "por encima del interés general" han dificultado el entendimiento. Para el presidente de CANAE, el Pacto Educativo debería considerarse "una cuestión de estado" donde la comunidad educativa tuviera mayor peso en las negociaciones.
Mario Gutiérrez, del sindicato CSIF, también cree que los partidos han pensado más en sus intereses electorales que en lograr el consenso. "Los partidos no son conscientes de que el escenario ha cambiado radicalmente. Tras las próximas elecciones ni siquiera dos partidos van a tener la suficiente mayoría para aprobar una ley orgánica", advierte Gutiérrez, reclamando un acuerdo que supere los "fallos gravísimos" de la actual ley educativa, la LOMCE.
CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN
Para otras organizaciones, el principio del fin del Pacto Educativo aconteció en marzo con el abandono del PSOE de la subcomisión, al que siguieron el resto de partidos de la oposición, a excepción de Ciudadanos.
"Fue una falta de compromiso político total y absoluto, porque se levantaron de la mesa y la han bloqueado, ya que no se han dado de baja", se queja el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), José Caballero, lamentando que las 83 comparecencias que hubo en la subcomisión parlamentaria "no hayan servido para nada".
"Es una lástima que no se haya podido llegar al Pacto Educativo porque un par de partidos se retiraron de la mesa", incide el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, para quién los argumentos utilizados por PSOE y Unidos Podemos, que reclamaban un 5% del PIB en educación, "fueron una pura excusa".
"Los que se han marchado son los que están tratando de tirar abajo la ley que están en vigor, y nosotros no es que defendamos la LOMCE, hemos sido muy críticos, pero alguna ley debemos tener, y sin acuerdo no puede haber una nueva ley educativa", añade Alvira.
