La ministra de Cienca y Universidades, DIana Morant, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Ciencia, Investigación y Universidades ha aprobado este jueves una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al incumplimiento del Gobierno en la financiación de las indemnizaciones del personal investigador y al perjuicio causado a las universidades públicas.
La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox y PNV, las abstenciones de PSOE, Sumar y Junts y el voto en contra de ERC.
De este modo, el Congreso insta al Gobierno a proceder "de manera urgente" al pago íntegro de las cantidades adeudadas a las universidades públicas derivadas de la aplicación de la reforma de la Ley de la Ciencia, incluyendo indemnizaciones y finiquitos del personal investigador.
Además, el Ejecutivo deberá hacer público, en el plazo máximo de un mes, un informe detallado remitido a la Comisión da Cámara Baja que incluya el importe total pendiente de abono; las universidades afectadas y las cantidades adelantadas por cada una; y el calendario cierto y verificable de pagos.
La iniciativa también exige al Gobierno que garantice que ninguna modificación normativa futura en materia de derechos laborales del personal investigador entre en vigor sin la correspondiente memoria económica suficiente, dotación presupuestaria previa y transferencia efectiva de fondos a las universidades.
Asimismo, le reclama evaluar y compensar el impacto financiero causado a las universidades públicas por los retrasos en los pagos comprometidos, habilitando mecanismos extraordinarios que eviten recortes en docencia, investigación o contratación.
Por último, el Congreso pide la comparecencia, en el plazo "más breve posible", de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en el Congreso "para explicar los motivos del retraso, depurar responsabilidades políticas y detallar las medidas correctoras que garanticen que esta situación no vuelva a repetirse".
"Los rectores, no el PP, tienen que reclamar con su palabra, reclaman al Ministerio que cumpla con su compromiso de asumir los gastos que generen las indemnizaciones por finalización de contratos, tanto predoctorales como postdoctorales", ha señalado el diputado del PP Pedro Navarro.
Los rectores reclamaron al Ministerio que cumpla con su compromiso de asumir los gastos que generen las indemnizaciones por finalización de los contratos, tanto los predoctorales como los posdoctorales, activos en el momento de entrada en vigor de la nueva Ley de la Ciencia.
Según los datos facilitados por las propias universidades, los campus han adelantado el pago de 24,5 millones de euros para compensar a 9.693 jóvenes investigadores que finalizaron sus contratos predoctorales y postdoctorales entre 2022 y 2025.
Vox ha conseguido que la proposición no de ley se votara con una enmienda suya, aceptada por el PP, para apostar además por un plan de retención y de retorno del talento español que "pueda generar efectos permanentes en el entorno investigador, que impida que aquellos en los que se ha estado invirtiendo tanto anden dando tumbos por todo el mundo", según ha explicado el diputado Carlos Hernández.
En su intervención, la diputada del PSOE Obdulia Taboadela se ha mostrado sorprendida por "la doble vara de medir" del PP con una proposición no de ley sobre unas indemnizaciones "que existen gracias a la reforma de la ley de la ciencia promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez".
"Es decir, utilizan un avance legislativo impulsado por el Gobierno, al que critican, para presentarse ahora como sus defensores. En fin, eso no es coherencia, es puro oportunismo político", ha criticado la socialista.
En la misma línea, el diputado de Sumar Francisco Sierra ha recordado que, en los últimos años, España ha logrado "definir una carrera científica activa".
También ha puesto en valor la "mejora" en las transferencias de conocimiento y la apuesta por "el reconocimiento de derechos laborales de investigadores".
"Nunca antes los investigadores han estado en nuestro país tan amparados como ahora. La PNL habla de falta de consistencia de reformas legislativas en ciencias sin garantías. No es verdad, es una PNL que falsea datos sobre la percepción de las indemnizaciones", ha aseverado el diputado de Sumar.
FINANCIACIÓN EN MATERIA DE UNIVERSIDAD EN CEUTA Y MELILLA
En la Comisión, el Grupo Popular también ha defendido una proposición no de ley para que el Gobierno asuma las responsabilidades económicas derivadas de su plena competencia en materia de universidad en las ciudades de Ceuta y Melilla, que no ha salido adelante.
La diputada del PP Sofía Acedo Reyes ha detallado que el coste real del funcionamiento de ambos campus, de Ceuta y de Melilla, "supera actualmente los 25 millones de euros anuales, mientras que la aportación del Estado ha permanecido congelada durante años en aproximadamente 9 millones de euros": "Y se ha ido incrementando mínimamente, pero sin ajustarse al coste real de ambos campos".
En sus palabras, "esta infrafinanciación está obligando a la Junta de Andalucía, a la Universidad de Granada y a las propias ciudades autónomas a cubrir ese déficit que no les corresponde".
Por ello, el PP ha exigido que el Estado "asuma la parte que le corresponde". "Que asuma la financiación de los dos campus y el coste que ha supuesto el coste hasta ahora", ha subrayado la popular.
En este contexto, el diputado de Vox Ramírez del Río ha afirmado que "los fuertes incrementos de gasto que se han producido debido a los cambios normativos del Gobierno Central y a la inflación, han creado una deuda cuyo pago reclama el Partido Popular". Esta reclamación de los populares es, a su juicio, "correcta".
"El PSOE lleva intentando utilizar como arma la financiación de las universidades desde hace bastante tiempo en Madrid, en Andalucía y en otras comunidades, mientras que en las que son del ámbito de la competencia del Gobierno central las ha infrafinanciado", ha criticado.
Por su parte, la diputada del PSOE ha incidiendo en que la financiación en Ceuta y Melilla fue "insuficiente" en el año 2014, "cuando alcanzó su mínimo histórico, 8 millones", cuando gobernaba Mariano Rajoy.
"El borrador de presupuesto para 2026 contempla hasta 17 millones de euros, eso es compromiso real presupuestario. Esta PNL es una cortina de humo para tapar la insuficiente financiación que los gobiernos de las comunidades autónomas, allí donde están entre ellos Andalucía con el señor Moreno Bonilla, están más centrados en impulsar las universidades privadas que en reforzar la pública", ha aseverado la socialista.
Por último, la diputada de Sumar Candela López ha defendido que el Estado "no ha mirado hacia otro lado". "Al contrario, en los últimos años se ha producido un incremento sustancial en la financiación. El borrador presupuestario que se está trabajando para este 2026 prevé una inversión de hasta 17 millones de euros para los campus de Celta y Melilla, es decir, existe una senda clara de crecimiento y de compromiso financiero por parte del Gobierno de España", ha zanjado.