MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La comunidad educativa ha reaccionado de forma dispar a la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida como 'Ley Celaá', que permitirá iniciar su trámite parlamentario, después de haberse quedado hace un año ante las puertas del Congreso por el adelanto electoral.
Mientras algunas organizaciones aplauden que pueda acabar con la vigente y cuestionada Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), otras muestran su preocupación por algunas de sus medidas y ante la falta de acuerdo político que suscita el proyecto elaborado por el Ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá.
"Es una ley que va a servir para derogar la LOMCE y eso lo veníamos demandando. Además va a recuperar equidad e igualdad de oportunidades, y en ese sentido nos parece positiva, aunque echamos en falta al profesorado en el proyecto. No es nuestra ley, porque tiene luces y sombras", resume a Europa Press el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García.
Desde el sindicato UGT se celebra la aprobación del proyecto de la LOMLOE porque permitirá derogar la LOMCE y contempla "la desaparición de reválidas e itinerarios, una titulación única al finalizar la enseñanza obligatoria, la organización por ciclos en Primaria, la participación de toda la comunidad educativa de los centros, el reconocimiento de la FP y su relación con el mundo laboral o la potenciación del carácter educativo de la Educación Infantil de 0 a 6 años".
Sin embargo, el sindicato critica el gasto público incluido en el proyecto, que fija un incremento hasta 5% del PIB. "UGT considera esta cifra insuficiente, ya que debería aumentar paulatinamente hasta el 7% y no situarse por debajo de la media de la UE", apostillan.
En el sindicato docente ANPE consideran que la 'Ley Celaá' "no es la reforma global que necesita España", pero se destaca que la recuperación de los ciclos en Primaria por ser un "sistema más eficaz desde el punto de vista pedagógico", y mantienen su oposición a la medida que permitirá titular Bachillerato con una asignatura suspensa.
"Ahora habría sido el momento de abordar una reforma más en profundidad del modelo educativo y la vertebración del sistema en España, habríamos sido más ambiciosos", explica a Europa Press el presidente de ANPE, Nicolás Fernández.
El sindicato CSIF ya transmitió este pasado lunes personalmente a Celaá sus demandas durante una reunión en la que reclamaron 26.600 docentes y una inversión de 7.000 millones de euros para acompañar la reforma educativa y superar "problemas endémicos" como la tasa de abandono escolar que es similar a la de hace 30 años, como denunció el presidente del CSIF en educación, Mario Gutiérrez.
Para la Federación de Enseñanza del sindicato USO, la reforma educativa aprobada este martes en el Consejo de Ministros llegará al Congreso con "escaso diálogo". Además, pone el foco en la "muy preocupante" situación del profesorado de Religión, al que este proyecto de ley "conduce a una gran incertidumbre e inseguridad en un contexto que afectará gravemente al mantenimiento del empleo y al futuro de unos profesionales altamente cualificados, la gran mayoría mujeres, y con larga experiencia docente", denuncia en un comunicado.
Desde a Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE reclaman a todos los grupos políticos que tengan "visión de estado" y "altura de miras" en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, del que destacan "la lucha contra la segregación escolar, la flexibilización de los itinerarios educativos o la inclusión de contenidos educativos sobre ciudadanía activa", aunque consideran la 'Ley Celaá' como una "reforma parcial".
"PREOCUPACIÓN" EN LA CONCERTADA
En el sector de la concertada, la red de centros privados sostenidos con dinero público, la 'Ley Celaá' genera preocupación. La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) lo manifiesta así en un comunicado donde lamenta la "precipitada aprobación" de la reforma educativa, que nace "sin el necesario consenso de la comunidad educativa".
"El texto de este proyecto de ley recorta los derechos de las familias, cuya libertad de elección quedará subordinada a la planificación de las administraciones educativas, lo cual supondrá una pérdida de igualdad de oportunidades de acceso a la educación concertada y por tanto una pérdida de pluralidad en la educación para quienes tienen menos recursos", sostienen desde CECE.
La patronal de centros concertados Escuelas Católicas se pronuncia en términos muy similares, mostrando "preocupación" por una ley "sin consenso" que "limita los derechos de los titulares de los centros y de las familias sometiendo la libertad de elección a la planificación administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades concertadas".
"Resulta especialmente preocupante la supresión del criterio de la demanda social en la programación de puestos escolares, y la inclusión de un representante municipal, que no es otra cosa que un 'comisario político', en los Consejos Escolares de los centros concertados", en opinión de Escuelas Católicas, que lamenta también "que se degrade el estatus de la clase de Religión".
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), con gran implantación en los centros concertados, ha manifestado su "decepción" ante una reforma "que durará lo que dure este Gobierno", pronostican. "Estamos ante una nueva ley que responde al interés de una parte que no representa una amplia mayoría del arco parlamentario ni tampoco de la comunidad educativa y la sociedad. Un Proyecto que se presenta por segunda vez sin el más mínimo diálogo y debate", añaden desde FSIE.
Desde la Asociación de Colegios Privados e Independientes CICAE valoran positivamente "que se impulse la mejora de la función docente y la revisión del currículo" aunque echan en falta en la 'Ley Celaá' "un reconocimiento expreso de la escuela privada independiente" y "un control exhaustivo de los fondos públicos destinados a los conciertos educativos" para evitar que "sea un atractivo para sectores empresariales".
"Esta vigilancia resulta imprescindible no solo para garantizar el buen hacer del Estado, sino para evitar una potencial segregación social 'de facto' dentro del propio centro escolar, ya que, en muchas ocasiones, se incurre en un claro incumplimiento de la exigencia de gratuidad en los colegios concertados, que han de ser entidades benéfico-docentes", expone CICAE en un comunicado.
MÁS AMBICIÓN CONTRA LA SEGREGACIÓN
Organizaciones como Save The Children también han valorado el contenido de la LOMLOE. La ONG reclama "mayor ambición en la reforma" contra la segregación escolar y para extender la educación de 0 a 3 años, y espera que se introduzcan cambios en su tramitación parlamentaria.
Para combatir la segregación escolar socioeconómica, Save The Children pide que la nueva ley establezca una distribución equilibrada del alumnado desfavorecido, "con mínimos y máximos por centro, así como establecer máximos al cobro de cuotas, exigir que se hagan públicas y endurecer el régimen sancionador para cobros ilegales" en centros concertados.
En la Plataforma de Infancia, que agrupa a decenas de organizaciones, destacan el "enfoque de derechos de infancia" de la LOMLOE, pero consideran necesario abordar "con urgencia problemas estructurales como el abandono y el fracaso escolar, así como evitar la segregación en los centros educativos", expone su presidente Carles López.
La Asociación Española para Superdotados y con Talento (AEST) ha lamentado que la 'Ley Celaá' no ha recogido ninguna de las alegaciones que presentó al texto, como unificar las legislaciones autonómicas, definir lo que significan las altas capacidades y establecer un protocolo común de actuación con este tipo de alumnado.
