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MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Enseñanzas Artísticas, el nuevo modelo de prueba de acceso a la universidad o el decreto que endurece la creación de universidades, han sido las normas educativas más destacadas aprobadas por el Gobierno desde que Pedro Sánchez fuera reelegido presidente el 16 de noviembre de 2023.
La primera ley que vio la luz en esta legislatura, que llega ahora a su fin ante la convocatoria anticipada de elecciones anunciada por Sánchez, fue la de Enseñanzas Artísticas, aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados el 24 de mayo de 2024.
La ley establece que las Enseñanzas Artísticas Superiores se organizan en enseñanzas de Música; Danza; Arte Dramático; Conservación y Restauración de Bienes Culturales; Artes Plásticas; Diseño; Artes Audiovisuales, del Videojuego, de la Animación y de la Cinematografía; Escritura Creativa; y Artes Circenses.
El objetivo de esta norma es equiparar las Enseñanzas Artísticas Profesionales al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, es decir, al nuevo sistema de Formación Profesional, abriendo también la posibilidad del reconocimiento y acreditación de estas competencias a los trabajadores del sector.
En verano de 2024, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, aprobó la nueva Selectividad que sustituyó el nombre de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) por el de Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).
Desde el Ministerio destacaron que la nueva Selectividad cuenta "tanto con unas estructuras como con unas características básicas y con criterios de corrección comunes para todos los territorios". Para la resolución de la nueva prueba, el alumnado debe demostrar creatividad, capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez.
Un año después, en octubre de 2025, el Gobierno aprobó uno de los reales decretos que ha generado más controversia en esta legislatura en el ámbito educativo, el que modifica el real decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.
El Ejecutivo aprobó esta norma con el objetivo de que todas las universidades, indistintamente de su localización, cumplan con unos estándares de calidad.
Este real decreto establece que es necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.
Asimismo, exige que las universidades cuenten con una masa crítica de 4.500 estudiantes. También refuerza las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requerirá un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.
Por otro lado, el real decreto recoge que el reconocimiento de las universidades online debe ser aprobado por las Cortes Generales y contar con un informe vinculante de la ANECA.
Otra iniciativa importante en el ámbito universitario de esta legislatura ha sido la aprobación del Programa María Goyri para incorporar más de 5.600 plazas de profesorado ayudante doctor a las universidades públicas españolas.
El compromiso del Gobierno con el Programa María Goyri supone financiar durante seis años 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en toda España, lo que supondrá un coste global de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo. Además, este Programa implica la movilización de otras 2.236 plazas que sufragarán las comunidades autónomas, lo que representa un compromiso de financiación de casi 600 millones de euros.
PROHIBIDAS BEBIDAS AZUCARADAS Y BOLLERÍA EN LOS COMEDORES ESCOLARES
El Gobierno también reguló el año pasado la comida que se sirve en los comedores escolares con un real decretó aprobado en abril de 2025 que prohíbe servir bebidas azucaradas y bollería en los centros escolares.
La medida, que amplía lo establecido en la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición, busca que los menús escolares sean más saludables y sostenibles y pone negro sobre blanco qué puede servirse en los comedores, qué productos podrán venderse en cafeterías y máquinas expendedoras y qué derechos tendrán las familias a la hora de conocer el menú de sus hijos.
La norma afecta a colegios públicos, concertados y privados que impartan segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato y Formación Profesional de grado básico o medio. Entre otras cuestiones, fija cuántas veces a la semana deben servirse legumbres, pescado o fruta fresca, limita la carne roja y los precocinados y obliga a ofrecer agua como única bebida en el comedor.
Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó a principios de febrero de 2026 un real decreto que regula en una única norma la inspección educativa y que refuerza las funciones de asesoramiento y orientación a equipos directivos y destaca la independencia en cuanto al criterio técnico.
El texto regula de forma global todos los aspectos que inciden en la función inspectora, trazando, además un perfil que define cómo ha de ser la profesión en el futuro. Así, se regula, en una única norma, la inspección educativa, superando así la dispersión normativa que existía actualmente y a las sucesivas modificaciones sufridas en su regulación.
Tras la dana que dejó más de 230 fallecidos en la Comunidad Valenciana hace dos años, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las comunidades autónomas aprobaron el Plan de Formación ante Emergencias, elaborado en colaboración con el Ministerio del Interior a través de Protección Civil.
El objetivo del plan es extender la cultura de la prevención y garantizar la adecuada formación de toda la comunidad educativa en la respuesta ante todo tipo de emergencia de protección civil. Ofrece formación específica en prevención y respuesta a emergencias provocadas por causas naturales o derivadas de la acción humana.
El alumnado recibe así formación sobre cómo actuar ante riesgos específicos como inundaciones, terremotos, maremotos y tsunamis, erupciones volcánicas, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales y accidentes industriales, químicos, nucleares y del transporte de mercancías peligrosas.
EL TRÍO DE ECLIPSES
En materia científica, destaca la creación en el verano de 2025 de la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el llamado Trío de Eclipses 2026-2027-2028.
El Gobierno creó esta Comisión Interministerial debido a que este inusual evento astronómico implica desplazamientos masivos y afluencia de centenares de miles de personas a los puntos donde los eclipses se podrán ver como totales, planteando desafíos logísticos y de seguridad para las administraciones públicas.
El primero de los eclipses totales tuvo lugar el pasado 12 de agosto, mientras que el segundo será el 2 de agosto de 2027 y habrá un eclipse anular el 26 de enero de 2028. El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 fue un evento único, ya que desde 1905 no se había visto un eclipse total solar en la Península Ibérica y España fue, en este caso, el único territorio habitado donde se pudo observar.
La Comisión, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se encarga de planificar y coordinar, desde las competencias de la Administración General del Estado, las acciones destinadas a garantizar la seguridad ciudadana cuando se produzcan los eclipses. Entre sus objetivos, están diseñar las tareas de promoción turística, de divulgación científica y cultural, la atención a la seguridad, y la prevención y atención en materia de salud pública.