La presidenta del Tribunal de Cuentas avisa en el Parlamento de las "deficiencias" para homologar títulos universitarios

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, ha avisado de las "deficiencias estructurales y operativas" en el procedimiento de homologación de títulos universitarios extranjeros.

"La homologación es el reconocimiento oficial de la formación superada para la obtención de un título extranjero equiparable a la exigida para obtener un título español que habilita para el ejercicio de una profesión. Su importancia es evidente", ha defendido este martes Chicano en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En este sentido, ha advertido de que "afecta a derechos e intereses individuales, a la movilidad internacional, al ejercicio profesional y también a la atracción de talento y a la cobertura de necesidades profesionales cualificadas".

La presidenta del Tribunal de Cuentas ha presentado el Informe de fiscalización '¿Es eficaz y transparente el procedimiento de homologación de las enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros?', aprobado el año pasado y en el que se analizan las medidas adoptadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El informe, según ha recordado, analiza si las actuaciones desarrolladas han mejorado la eficacia y agilidad del procedimiento, si se han cumplido las disposiciones aplicables, si el procedimiento permite a las personas interesadas conocer adecuadamente el estado de tramitación de sus solicitudes, si la planificación y los recursos son coherentes con los fines perseguidos y si los sistemas de información permiten una gestión ágil, eficiente y transparente.

Las conclusiones de este informe, ha añadido Chicano, "ponen de manifiesto deficiencias estructurales y operativas". No obstante, ha señalado como aspecto favorable que la tramitación electrónica "ha evitado la acumulación de expedientes en papel de la anterior normativa".

Entre los aspectos negativos, ha destacado "una regulación insuficiente de los sistemas de identificación y firma electrónica, así como de la representación de aprobación o actualización de las listas de profesiones reguladas". Se constata también el "incumplimiento" del plazo máximo de seis meses para resolver los expedientes, ya que "la media observada fue de 212 días".

La presidenta del Tribunal de Cuentas ha insistido en que "sigue siendo necesario un esfuerzo decidido para reducir los expedientes acumulados y cumplir el plazo legal" y ha puntualizado que "la ausencia de manuales integrales de procedimiento dificulta la homogeneidad y eficacia de la tramitación".

En su intervención, la senadora del Grupo Parlamentario Popular Raquel González Benito ha recalcado que "el verdadero reto no está en diseñar políticas públicas, mil políticas públicas", sino que "el verdadero reto está en demostrar que funcionan".

Para la senadora popular, "el reto no era exactamente crear una nueva normativa" para agilizar el procedimiento de homologación de títulos: "el reto realmente era demostrar que funcionaría".

En este punto, González Benito ha advertido de que la nueva norma "no ha cumplido los objetivos para los que fue creada". "Queda patente que no ha cumplido los objetivos", ha asegurado.

Por el contrario, el senador del Grupo Parlamentario Socialista José Entrena Ávila ha celebrado que, "por primera vez, el número de resoluciones ha llegado a superar al de nuevas solicitudes, lo que indica que las medidas adoptadas comienzan a dar resultados".

"Asimismo, la implantación del nuevo marco normativo y la digitalización del procedimiento ha facilitado el acceso y han incrementado el número de solicitudes, lo que demuestra que España resulta más atractiva para profesionales cualificados", ha agregado Entrena Ávila.

En relación al informe del Tribunal de Cuentas que analiza la homologación de títulos universitarios obtenidos en el extranjero, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha recordado que "durante años se acumuló una bolsa de expedientes pendientes incompatible con una administración moderna".

"Un procedimiento concebido para resolverse en unos meses no puede prolongarse durante años sin causar un perjuicio evidente tanto a los interesados como a la propia sociedad", ha subrayado el diputado de Vox.

Por su parte, la diputada de Sumar Engracia Rivera considera que "es un problema" los plazos para la resolución de los expedientes. "Hemos visto a colectivos de personas migrantes con titulaciones universitarias sin homologar en las puertas de este Congreso protestando por la falta de respuesta en cuanto a esas homologaciones", ha indicado.