MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CC.OO.), ANPE y STEs-i han mantenido este jueves 26 de julio su primera reunión con la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, con el objetivo de exponer sus prioridades en materia educativa, entre las que destaca la reducción de la jornada lectiva de los docentes.
En concreto, según ha explicado CC.OO. el equipo del ministerio de Educación ha presentado un borrador de anteproyecto de Ley para derogar los artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-Ley 14/2012 que regulan los horarios lectivos del profesorado de centros públicos y concertados, el número máximo de alumnos por aula, y las sustituciones de profesores por baja médica.
En este sentido, la Federación de Enseñanza de CCOO ha indicado que estudiará este documento, aunque adelanta "la dificultad que supone que la recuperación de los derechos no se dé con carácter básico, tal y como se aplicaron los recortes en el ámbito educativo, y quede al arbitrio de las comunidades autónomas". El Ministerio de Educación quiere devolver a las comunidades autónomas la competencia sobre estas materias.
Sobre la reducción del horario lectivo del profesorado, ANPE no está de acuerdo con que "se deje a lo que decidan las CCAA, pues se debería fijar, con norma de carácter estatal, al igual que ocurre con las ratios máximas de alumnos por aula, el número máximo de horas lectivas del profesorado en todo el Estado".
Asimismo, CC.OO. ha hecho hincapié en que la reducción de la jornada lectiva y las ratios, así como la eliminación de la limitación en las sustituciones, han de ser "una de las prioridades".
Esto ya ha sido reivindicado por CSIF, que considera que "se va hacer de manera muy dispar" y reivindica un Estatuto Docente de referencia en el conjunto del Estado. "Es fundamental relanzar la negociación en la Mesa Sectorial del Ministerio y poner en marcha el paralizado Estatuto Docente para atender las demandas de este colectivo en toda su carrera: formación inicial, acceso a la función pública (que las pruebas no sean eliminatorias o modernizar el modelo de pruebas), carrera profesional, formación continua, condiciones de jubilación, mutualismo administrativo y acción social", ha remachado.
ANPE también ha destacado la necesidad de una Ley de la profesión docente, así como un Estatuto de la Función Pública Docente, que "recoja y desarrolle la carrera profesional docente, desde el ingreso a la función pública docente hasta la jubilación".
Por su parte, STEs-i ha expresado la "urgencia" para derogar el Decreto Ley 14/2012, de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Desde ANPE, también "celebran" la derogación de las medidas que afectan al profesorado.
EMPLEO PÚBLICO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Por otro lado, CC.OO. ha manifestado a la ministra Isabel Celaá su preocupación por el cumplimiento del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público en el ámbito educativo y ha pedido que se haga un seguimiento a través de una comisión de trabajo.
En este caso, STEs-i ha reclamado la necesidad de "replantear" el proceso de estabilización del personal docente derivado del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público. "Es necesario consolidar el empleo del profesorado interino a través de un acceso diferenciado que sea respetuoso con los derechos laborales del colectivo afectado", ha insistido.
Desde CSIF se ha reclamado una nueva Ley Orgánica de Educación, a través de un Pacto de Estado. "Esta Ley debe fundamentarse en potenciar la educación de titularidad pública; una Ley de Financiación cuyo horizonte sea el 7 por ciento del PIB y una reducción generalizada de ratios de alumnos y un incremento de las plantillas", ha subrayado.
En lo que respecta a retomar el Pacto Educativo, ANPE ha señalado que este pacto debe impulsar la enseñanza pública "como eje vertebrador del Sistema Educativo y garante de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades, y alcanzar un acuerdo de financiación que permita acometer las reformas necesarias en igualdad de condiciones en todo el Estado.
"Debe vertebrar y cohesionar el Sistema Educativo, regulando un marco competencial básico en el que estén perfectamente definidos las atribuciones del Estado y las de las CCAA, para que no se resienta el principio de igualdad y de cohesión social en todo el territorio nacional", ha defendido ANPE.
SUSTITUCIÓN DE LA LOMCE
En este sentido, CC.OO. ha planteado la necesidad de la sustitución de la LOMCE por una nueva Ley Educativa "basada en un pacto social y político". "Mientras que esta nueva Ley no sea una realidad, la Federación de Enseñanza considera necesario modificar los aspectos más lesivos de la LOMCE con la mayor urgencia posible", ha apostillado.
CSIF ha trasladado a la ministra Isabel Celaá la "preocupación por los resultados del reciente proceso selectivo para la educación pública celebrado en el conjunto del país teniendo en cuenta que, en algunas especialidades (como física o matemáticas) no se cubrirán las plazas ofertadas".
Así, reclama que "se evalúen las circunstancias de la prueba". "En próximas convocatorias debe ponerse en marcha un nuevo modelo de acceso, que contemple unas pruebas más objetivas, pruebas no eliminatorias y más apoyo a la difícil tarea de los integrantes de los tribunales", ha apuntado.
Sobre la reforma de la Formación Profesional, STEs-i ha recordado que "estas enseñanzas no pueden quedar solo a beneficio de los intereses de las empresas y tienen que garantizar la educación integral de las personas.
Finalmente, respecto a los planteamientos de la ministra sobre la Formación Profesional, ANPE se ha mostrado de acuerdo con los mismos "y, a la espera de ver concretadas las propuestas realizadas", ve positiva la potenciación de los centros educativos y el poner en valor al profesorado que imparte los distintos ciclos formativos de Formación Profesional.