MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La Confederación de STEs-i ha denunciado ante el Defensor del Pueblo y la Unión Europea (UE) los procesos de estabilización del personal interino docente de las distintas administraciones educativas, por "infracción al derecho comunitario y la legislación europea".
Así lo ha anunciado este lunes la organización sindical, que ha explicado que "estos procesos que, conforme a lo establecido por la ley 20/2.021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas, deben disminuir el porcentaje de personal interino al 8% antes de la finalización del año 2024, están sembrando la inquietud entre las personas afectadas".
En este sentido, STEs-i ha manifestado que en la actualidad "no solo no aseguran que estas personas puedan conseguir la estabilidad en el empleo, sino que pone en peligro su puesto de trabajo, desempeñado hasta ahora, en régimen de interinidad".
En concreto, ha detallado que la denuncia ante la Unión Europea subraya que el "Estado español, a través de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, incumple abiertamente el derecho de la Unión, pues establece como medidas dirigidas a las personas que llevan prestando servicios temporales por más de tres años, procesos selectivos por diversos sistemas e indemnizaciones al cese que no se contempla en todos los casos, ambas descartadas por el TJUE como sanción".
Por otra parte, la organización ha informado de que el pasado 16 de mayo ha presentado que ante la oficina del Defensor del Pueblo, por la "diversa y dispar aplicación que vienen haciendo las administraciones públicas tanto estatales como autonómicas de la ley 20/2021".
Así, la Confederación de STEs-i pide al Defensor del Pueblo su intervención para que exija al Congreso de los Diputados y al Senado que, "cuanto antes, legislen la activación de controles de legalidad para la aplicación de la ley 20/2021, de tal manera que no se cese ningún empleado público que se encuentre ocupando puestos de trabajo con anterioridad al 1 de enero de 2016 en cualquier administración pública".
En cualquier caso, desde su punto de vista, la responsabilidad del Ministerio de Educación es "evidente" ya que "en sus manos está coordinar los procesos de estabilización que las comunidades autónomas, a través de los diferentes departamentos de Educación, están anunciando estos días".
"En sus manos está hacer que todas cumplan la ley y no la burlen con ofertas ridículas en las que no se incluyen las plazas que con claridad, la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas, establece que deben ofertarse en los concursos extraordinarios de méritos y en los concurso-oposición que deben convocarse según el nuevo Real Decreto 270/2022 de acceso a la función pública docente", ha concluido.
