Sumar insta al Gobierno a garantizar una educación "libre de injerencias ideológicas" por parte de los poderes públicos

   MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Sumar ha instado al Gobierno a velar, en el ejercicio de las competencias que corresponden a la Administración General del Estado, por el respeto efectivo de los principios constitucionales que garantizan "una educación libre de injerencias ideológicas por parte de los poderes públicos".

   Así lo ha reflejado el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, registrada en el Congreso de los Diputados.

   Con esta iniciativa, la formación quiere que el Gobierno reafirme su compromiso "con el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra como garantías constitucionales indispensables para una educación basada en el pluralismo, el rigor científico, el pensamiento crítico y los valores democráticos".

   También reclama al Ejecutivo que promueva, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, una declaración institucional "de defensa de la naturaleza técnica e independiente de la Inspección Educativa, de la libertad de enseñanza y de la autonomía profesional del personal docente, de conformidad con los principios recogidos en la Constitución y en la legislación educativa".

   En la exposición de motivos de la proposición no de ley, recuerda que Vox ha anunciado en la Comunidad Valenciana quiere introducir un Plan de Convivencia que "busca blindar la actividad escolar frente a posicionamientos partidistas o dogmáticos", lo que, según advierte Sumar, "implica que deberá haber una evaluación exhaustiva de los materiales ofrecidos por parte de los docentes, así como de personas y colectivos externos al centro que ofrezcan conferencias, talleres o charlas complementarias".

   La formación destaca que la libertad de cátedra, reconocida en la Constitución, ""constituye una garantía institucional frente a las injerencias ideológicas de los poderes públicos en el ejercicio de la función docente".

   "Si bien su alcance presenta particularidades en las distintas etapas del sistema educativo, forma parte del conjunto de garantías que hacen posible una educación libre y respetuosa con los principios constitucionales. Plantean neutralidad ideológica aquellos que niegan asuntos probados científicamente, como el cambio climático o la violencia de género, lo que, bajo su gobierno podría llevarlo a la completa eliminación del currículo educativo", critica Sumar.

   En este punto, explica que la Inspección Educativa "es un instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa educativa, la calidad del sistema y la protección de los derechos del alumnado".

   Su función, agrega, "consiste en velar por la legalidad, supervisar el funcionamiento de los centros y contribuir a la mejora del sistema educativo desde criterios de objetividad, imparcialidad y profesionalidad".

   Por ello, Sumar considera que es "incompatible con la naturaleza constitucional de la Inspección Educativa cualquier intento de convertirla en un mecanismo de vigilancia o fiscalización ideológica del profesorado, de los materiales educativos o de las actividades desarrolladas en los centros docentes".

   "La inspección educativa está para proteger derechos, no para inspeccionar ideas. La utilización de conceptos jurídicamente indeterminados como la denominada neutralidad ideológica para justificar controles sobre los contenidos o la actividad docente introduce un riesgo evidente de autocensura, empobrece la calidad del proceso educativo y debilita el derecho del alumnado a recibir una formación plural, crítica y basada en el conocimiento", sentencia.