MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha recibido "un significativo número de quejas" desde el inicio del curso 2020-2021 sobre la incidencia en los centros educativos de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19, establecidas por el Gobierno. Así viene reflejado en su Informe Anual 2020, presentado este jueves en las Cortes Generales.
Con respecto a la ventilación de las aulas ante la bajada de las temperaturas, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, indica que en los últimos meses de 2020 han sido "frecuentes" las quejas.
Según recoge el Informe, consultado por Europa Press, los padres que se han quejado a esta institución consideraron un riesgo para la salud de alumnos y profesores que las ventanas y puertas de las aulas tuviesen que permanecer abiertas durante toda la jornada escolar. Por ello, acudieron al Defensor para exigir a la Administración la instalación de un sistema de ventilación forzada, purificadores del aire para eliminar o reducir la concentración de virus en el aire, y sensores basados en medidas de CO2 para determinar cuantitativamente la ventilación del aula.
Aunque el Defensor dice que "entiende y comparte la preocupación de las familias", ha expresado a los promotores de las quejas que deben ser las autoridades educativas y sanitarias competentes las que determinen los sistemas de ventilación que deban utilizarse en las aulas y los mecanismos empleados para garantizar las condiciones de confort y calidad ambiental, "decisión en la que, por su naturaleza técnica, no considera pertinente interferir".
Así, el Defensor considera en su Informe que son las administraciones competentes las que han de buscar "soluciones eficaces" que permitan prevenir el riesgo sanitario por la COVID-19 y el causado por otros factores de riesgo ambientales como el frío, el ruido o la contaminación, y maximizar el confort sin sacrificar la seguridad.
SUSPENSIÓN DE LAS CLASES Y FALTA DE PREVISIÓN
Además, el Defensor señala que en el último trimestre del pasado curso escolar han sido "muchos" los ciudadanos que se han dirigido a esta institución para hacerle partícipe de su preocupación por las consecuencias académicas de la suspensión de las clases presenciales, al no tener acceso a la red o no disponer de dispositivos de conexión para poder continuar con la actividad lectiva por medios telemáticos.
También por la falta de medidas de accesibilidad o, incluso, por no contar con los conocimientos o con el apoyo personal necesarios en su entorno familiar para hacer uso de estos recursos tecnológicos, especialmente los más vulnerables, por presentar necesidades educativas especiales o encontrarse inmersos en entornos socioculturales desfavorecidos.
Así, las "diversas inquietudes expresadas por los ciudadanos en aquellas primeras semanas de confinamiento", según explica el Defensor, fueron trasladadas en el mes de abril al Ministerio de Educación y FP, al objeto de que fueran contemplados los perjuicios derivados de la suspensión de las clases presenciales en el desarrollo académico de los alumnos y para que, una vez reanudada la actividad educativa presencial, se promoviese la adopción de las medidas compensatorias y los apoyos específicos que pudiera precisar el alumnado en función de sus circunstancias personales, así como la fijación de criterios de evaluación y promoción teniendo en cuenta los problemas específicos que la crisis sanitaria ha provocado en todas las enseñanzas.
Con el fin de avanzar en esta línea, se inició una actuación de oficio ante las administraciones educativas autonómicas y ante el Ministerio (en cuanto al ámbito territorial de Ceuta y Melilla), para conocer las previsiones respectivas en orden al inicio y desarrollo del curso escolar 2020-2021.
"Al cierre del presente informe se han recibido las respuestas de todas las comunidades autónomas y del Ministerio. Algunas de ellas informan prolijamente sobre las medidas organizativas adoptadas y las dotaciones económicas y actuaciones realizadas a lo largo del ejercicio para atender las necesidades de escolarización y cumplir con las nuevas medidas derivadas de los protocolos de prevención ante la pandemia --señala la institución--. Otras, en cambio, lo han hecho en términos incompletos o no ajustados a lo solicitado por el Defensor del Pueblo, lo que impide poder realizar una correcta valoración".
UNA "MAYOR INVERSIÓN" EN DIGITALIZACIÓN
El Defensor también se ha manifestado sobre los recursos tecnológicos aplicados al proceso de enseñanza y aprendizaje, que fueron ampliamente utilizados durante el confinamiento. Así, la institución considera preciso que el profesorado reconsidere todas sus metodologías y las adapte para el entorno virtual, lo que exige una "actitud abierta" para recibir formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), modificar sus temarios y sus procedimientos de evaluación.
En este punto, el Defensor es "consciente" de las inversiones que todas las comunidades autónomas vienen realizando en la formación del profesorado y en la dotación de infraestructuras y equipamientos tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado desde el inicio de la crisis sanitaria, pero también asegura que "la pandemia ha mostrado que es necesaria una mayor inversión para conseguir la innovación metodológica y la transformación de la organización escolar, que en estos momentos resulta, más que nunca, imprescindible".
Asimismo, dado que ahora toda persona que pretenda acceder al sistema educativo deberá tener necesariamente acceso a un dispositivo electrónico y una conexión con un ancho de banda razonable, el Defensor insta a instituciones y gobiernos a incorporar los sistemas de becas, subvenciones o préstamos que sean necesarios para afrontar el gasto que supone la adquisición de estos dispositivos individualizados en el caso de familias con dificultades económicas.
PERSONAL EN LOS CENTROS "CLARAMENTE INSUFICIENTE"
También en el Informe, el Defensor asegura haber recibido "un número significativo de quejas" presentadas, una vez iniciado el curso escolar, en las que se denuncia la falta de profesorado. Según la institución, dichas quejas revelan que "la plantilla de algunos centros docentes está siendo claramente insuficiente".
El Informe recoge que, en algunos casos, esta insuficiencia deriva del hecho de haberse agotado las listas ordinarias y las extraordinarias de aspirantes a plazas interinas, lo que ha llevado a tener que recurrir a la contratación de profesores a través de los servicios de empleo, y a que el Gobierno, a través de un Real Decreto-ley, autorice a las administraciones educativas para nombrar, con carácter excepcional, como funcionarios a aquellos aspirantes a las especialidades demandadas que no cumplan en ese momento con el requisito de estar en posesión del título oficial de formación pedagógica y didáctica de posgrado, o equivalente.
El Defensor del Pueblo, además de las actuaciones ya iniciadas en supuestos concretos, retomará en 2021 la investigación de oficio iniciada en junio del año pasado, para evaluar la idoneidad de los planes y protocolos aplicados en el nuevo curso y conocer la cobertura real de las plazas docentes y, en su caso, los motivos por los que no se ha producido.
NO CRIMINALIZAR A PADRES PRO-ABSENTISMO ESCOLAR
El Defensor también reconoce que recibió solicitudes de ciudadanos que exigían el reconocimiento del derecho a la libre elección entre la educación presencial y telemática, e incluso que se facilitase el acceso a otros modelos educativos.
En este sentido, la institución llama a las administraciones educativas a abordar este absentismo preventivo desde la perspectiva de la realidad social actual y pide "no criminalizar las conductas de los progenitores".
