BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Barcelona ha absuelto al alcalde de Tordera (Barcelona), Joan Carles García (CiU), de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por permitir el vertimiento de aguas residuales de una urbanización del municipio al torrente de Roques Llises, según una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
El tribunal ha considerado que, si bien se ha producido un vertido contaminante, no ha quedado acreditada la existencia de un "peligro grave" del mismo para el medio ambiente, además de tener en cuenta la preocupación del alcalde por solucionar la problemática ante las imposibilidades administrativas que enfrentó, han avanzado diversos medios este viernes.
Según la sentencia, en el año 2000, el consistorio aprobó un informe favorable de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en el que se proponía que una única depuradora implicara también dicha urbanización, por lo que se aprobó hasta un proyecto de obras.
Sin embargo, las previsiones se alteraron cuando la ACA asumió en 2002, por una decisión de la Generalitat, el programa de saneamiento de las aguas residuales de la urbanización involucrada y, "por razones ajenas a la voluntad o diligencia del Ayuntamiento estas actuaciones ni siquiera se iniciaron, siendo incluidas merced a los continuos requerimientos y gestiones del Ayuntamiento", detalla la sentencia.
Con este cambio de plan, la Generalitat asumía la construcción de la depuradora, por lo que, según afirmó el secretario del consistorio, "el Ayuntamiento no pudo ejercer sus competencias, no admitiendo una depuradora, sino una para cada urbanización, y que la ACA no autorizó ninguna solución provisional".
La urbanización disponía de un pozo de depuración de aguas residuales que, en 2006, resultó insuficiente, lo que llenó de barro el espacio y lo degradó, provocando quejas de los vecinos por el mal olor.
La imposibilidad de desviar las aguas de la urbanización a la depuradora municipal y la falta de otra pendiente de construcción llevaron al Ayuntamiento de Tordera a construir un nuevo pozo y, a través de una cañería, derivaron las aguas directamente al torrente de Roques Llises que va a parar a la riera de la Vall-lloparda.
También el director general de la ACA, Manuel Hernández, testificó que el alcalde "tenía una preocupación extrema" por la problemática pero que hubo cambio de gobierno, y ya no se hizo nada.
El fiscal pedía por estos hechos, que calificaba de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, 5 años de prisión y la inhabilitación especial para desempeñar el cargo de primer edil durante cuatro años.
