MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha publicado un informe que revela que durante el 2019 en España se utilizaron 33 plaguicidas prohibidos por su peligrosidad para la salud humana, animal y medioambiental, y exige al Gobierno y las administraciones competentes que incrementen los controles.
Para la ONG, no se cumple con el el Reglamento (CE) No 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 21 de octubre de 2009 (Reglamento de Fitosanitarios), que prohíbe la comercialización de sustancias activas y de los plaguicidas que las contengan si tiene efectos adversos para la humanidad.
Desde la organización explican que "se está vulnerando el derecho a la salud de la ciudadanía, mediante la autorización de pesticidas que podrían tener una alternativa menos nociva para la salud y el medioambiente". En 2019, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria concedió 33 autorizaciones excepcionales que permitieron el empleo de plaguicidas en concentraciones superiores o en usos diferentes a los autorizados.
Cerca de ocho de las 32 sustancias contenidas en las 33 autorizaciones de emergencia no estaban autorizadas debido a su elevada toxicidad o porque no se había solicitado su autorización por el fabricante. Del número total, trece fueron identificados como disruptores endrocrinos, es decir, sustancias con capacidad de alterar el equilibrio normal.
Ecologistas en Acción hace hincapié en su informe en que, según la ley, estas sustancias deberían autorizarse "solo cuando se produzcan situaciones excepcionales de emergencia fitosanitaria que requieran controlar un peligro que no pueda gestionarse por otros medios razonables, según establece el artículo 35 del Reglamento".
Además, la organización añade que estas autorizaciones excepcionales deberán estar científicamente justificadas, serán para usos concretos y durante un plazo de tiempo limitado no superior a 120 días.
Unas condiciones que no se han cumplido tal según el informe. Muchas de estas autorizaciones, como por ejemplo las de los plaguicidas 1,3 dicloropropeno y la cloropicrina, se repiten año tras año sin justificar la existencia de una plaga ni la falta de sustitutos eficaces.
Por ello, Ecologistas exige a las administraciones que refuercen el control de las derogaciones excepcionales autorizadas por el Gobierno y ha propuesto algunas medidas como ante la existencia de una plaga presentar muestras y análisis que confirmen la existencia de dicha plaga o en el caso de existir alternativas menos nocivas se deben optar por el uso de estas.
