MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de ministros ha aprobado este martes un Real Decreto por el que se transpone la directiva europea sobre fuentes radiactivas huéfanas, que son las que están fuera del control reglamentario, bien porque nunca lo han estado, porque han sido abandonadas, perdidas, extraviadas o transferidas sin la autorización debida.
El Real Decreto aprobado, por el que España se adapta al ordenamiento jurídico europeo, establece los requisitos de vigilancia y control radiológico así como los procedimientos de actuación que se deberán adoptar en caso de detección o procesamiento de estas fuentes.
La norma busca evitar o, al menos, reducir en lo posible, la exposición a radiaciones ionizantes de trabajadores y de los miembros del público, así como la contaminación del medio ambiente, como consecuencia de la existencia de este tipo de fuentes.
El Real Decreto revisa también la normativa hasta ahora vigente y fija los requisitos de vigilancia y control radiológicos, y los procedimientos de actuación que se deberán adoptar, en caso de detección o procesamiento de estas fuentes, en las instalaciones destinadas a la recuperación, almacenamiento o manipulación de materiales metálicos para su reciclado.
En concreto, establece que será obligatorio inscribir las instalaciones en un registro que ya existe en la Dirección General de Política Energética y Minas, y se fijan nuevos requisitos de información y formación de los trabajadores de las instalaciones donde sea más probable la aparición de fuentes huérfanas, así como los requisitos de instrumentación, que dependerán de la actividad que se desarrolle en la instalación y de la cantidad de materiales metálicos que procese anualmente.
Del mismo modo, se establecen actuaciones que se realizarán en caso de detección de material radiactivo y de accidente o emergencia.
El Real Decreto incorpora parcialmente la Directiva 2013/59/Euratom por la que se establecen las normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes y se derogan Directivas anteriores sobre esta misma materia.
De este modo, el Real Decreto aprobado deroga los aspectos relativos a fuentes huérfanas que hasta ahora regulaba el Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero.
España firmó en 1999 el 'Protocolo de colaboración sobre la vigilancia radiológica de los materiales metálicos' entre la Administración General del Estado, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la empresa estatal de residuos radiactivos ENRESA, y los principales sectores industriales vinculados con esta cuestión.
El protocolo es voluntario y establece compromisos y actuaciones para garantizar la vigilancia radiológica de metales metálicos, para evitar la eventual fundición de fuentes huérfanas.
En total, desde su firma se han adherido al protocolo 165 instalaciones industriales, de las cuales, 127 pertenecen al sector de la recuperación, 24 al sector siderúrgico, 8 al sector de la fundición de metales y 6 son productores de materiales no férreos.
Desde su implantación se han detectado 1.956 materiales radiactivos en las instalaciones adscritas y en total Enresa ha realizado 1.518 retiradas de material radiactivo.
Ahora, con la aprobación de este Real Decreto, algunos de los compromisos voluntarios asumidos por los firmantes del Protocolo de colaboración adquieren carácter obligatorio.
No obstante, la vigilancia y los controles radiológicos y los procedimientos de actuación en caso de detección de fuentes huérfanas, incidentes o emergencias de las instalaciones adscritas al protocolo seguirán realizándose en el marco del mismo.
Así, a partir de ahora será obligatorio establecer un sistema de vigilancia y control radiológicos en los puertos marítimos de interés general con un protocolo de actuación específico.
En este sentido, en junio de 2010 se firmó el "Protocolo Megaport" con objeto de establecer las actuaciones a seguir en caso de movimiento inadvertido o tráfico ilícito de material radiactivo en puertos de interés general.
La nueva norma además, insta a las autoridades competentes a valorar la idoneidad de establecer otros protocolos para el control y la detección de fuentes huérfanas en otros lugares importantes de tránsito de personas o mercancías.
